Atrapan a expolicía y a su hijo en pleno robo de automóvil

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos presuntos del intento de robo de un auto Dodge Caravan 1996 fueron arrestados por Agentes de Seguridad Pública de Cajeme en la calzada Olea y prolongación Hidalgo en el interior del estacionamiento del IMSS.
A los detenidos los Oficiales de la Delegación Yucujimari que los arrestaron, les recogieron una llave tipo original, con la que presuntamente encendieron el auto para tratar de llevárselo.
Los arrestados son un expolicía dado de baja de esta corporación en 2004 por dopaje, de nombre Salvador Alonso Arreola Becerra de 47 años de edad. El segundo detenido es Edgardo Alonso Arreola Vega de 21 años de edad, y al parecer es hijo del exagente preventivo.
Ambos dieron como domicilio la casa 2035 de la calle Aribaipa, en la colonia Infonavit Yucujimari.
La ofendida reportó que al ver en auto en movimiento, alertó a un guardia de seguridad para que no levantara la pluma y dio aviso a Seguridad Pública, que le respondieron enviando elementos de la Delegación Yucujimari y otros más. Cuando los Oficiales de Policía llegaron, observaron que entre la reportante y sus familiares, junto con el guardia privado, forcejeaban con uno de los presuntos, que al superarlos en fuerza, son sometidos y arrestados por los Oficiales participantes.
Del caso, se dio el respectivo informe al Ministerio Público junto con los detenidos, la
llave y el auto recuperado en este hecho.
 

Torturado y ejecutado en ‘La Palma’ era el empleado del Congreso

Fue privado de su libertad el 2 de noviembre y localizado muerto a balazos el 14
Culiacán, Sin.- El hombre que encontraron torturado y ejecutado a balazos el pasado 14 de noviembre cerca del campo 17, en la sindicatura de “La Palma”, Navolato, era el empleado del Congreso del Estado que fue privado de su libertad a principios de este mes.
La víctima se llamaba Raúl Hernández Aceves, tenía 27 años de edad, y vivía en la colonia Stase, quien laboraba en el área de Servicios Generales del edificio legislativo.
El “levantón”. En su momento se dio a conocer que fue privado de su libertad el viernes 2 de noviembre, cuando se encontraba en la casa de su novia en la colonia Guadalupe Victoria.
Informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)precisan que a las 17:00 horas, llegaron al lugar cuatro sujetos encapuchados y con armas largas.
Los individuos obligaron al joven a subir a un automóvil Sentra gris donde viajaban, y enseguida escaparon.
Desde ese día, tanto compañeros de trabajo como familiares desconocían su paradero.
El hallazgo. Fue hasta el miércoles 14, cuando encontraron el cuerpo del joven en la orilla de una parcela cerca del campo 17, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, “La Palma”, municipio de Navolato.
Presentaba huellas de tortura y tenía la cabeza destrozada a balazos.
Vestía sólo un short azul con figuras de balón de futbol americano y tenía encima una cobija infantil.
Junto a él se encontraron 15 casquillos de rifles AK-47 y AR-15.
El cuerpo estuvo varios días en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que fue identificado y reclamado por sus familiares.
12 DÍAS mantuvieron cautivo al empleado del Congreso.

Alcaldesa calló un atentado

No fueron dos. Fueron cuatro los atentados a los que sobrevivió la ex alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, María Santos Gorrostieta Salazar antes de que el pasado 12 de noviembre fuera secuestrada y posteriormente asesinada.
El primero de ellos se suscitó a sólo tres meses de su toma de posesión, en enero de 2008, cuando una camioneta le salió al paso a ella y su marido, José Sánchez Chávez, cerca de la comunidad de Las Mojarras, rumbo a Huetamo.
En esa ocasión el matrimonio sólo recibió amenazas que fueron acompañadas de disparos al aire, hechos por un grupo de desconocidos.
Le dijeron a la recién llegada presidenta municipal que “renunciara por las buenas antes de que fuera demasiado tarde”, contaría después a sus allegados.
No hubo denuncia por este hecho, a recomendación de su marido, que exclamó enojado en esa ocasión, que “sabía perfectamente de dónde venía la amenaza”, cuenta una fuente cercana que por seguridad pidió resguardar su nombre.
Posteriormente, el 16 de enero del 2009, en El Limón de Papatzindán, tenencia de Tiquicheo, el vehículo en el que viajaba usualmente el matrimonio fue baleado por un comando armado y la pareja sufrió lesiones no graves que les permitieron continuar con su vida.
Este hecho quedó registrado en los periódicos locales y regionales.
En el tercer ataque, perpetrado el 15 de octubre de ese mismo año, murió José Sánchez Chávez, de 50 años; quedó abatido a tiros en El Limón de Papatzindán.
Las versiones periodísticas de ese día darían cuenta de que José Sánchez bajó de la camioneta para hablar por celular mientras esperaba la llegada de un funcionario federal de la Conagua cuando un comando armado le salió al encuentro para asesinarlo a tiros.
La ex alcaldesa bajó del vehículo al oír los disparos para auxiliar a su esposo; los asesinos no dudaron en atacarla también y la dejaron en el lugar, dándola por muerta.
Un par de meses después, aún convaleciente, regresó a la alcaldía y anunció que estaba dispuesta a seguir trabajando. Entonces buscó el apoyo de su partido, el PRI, para protegerse, pero se topó con cerrones de puertas y llamadas a sus líderes de partido que nunca eran devueltas.
El 22 de enero de 2010 fue víctima de un cuarto ataque armado en Ciudad Altamirano, en la frontera de Michoacán con Guerrero, a unos 150 kilómetros de Tiquicheo.
En esa ocasión iba acompañada de su hermano, dos funcionarios y una reportera, que resultaron heridos. Ante la gravedad de la situación, los lesionados fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Morelia.
En el quinto atentado, el pasado 12 de noviembre, finalmente fue asesinada. No tenía escolta personal desde enero pasado, cuando dejó su cargo de alcaldesa y ella misma solicitó que la guardia personal le fuera retirada. Por seguridad, desde noviembre de 2011 mantenía su residencia en Morelia.
Sospechan del crimen organizado
Ayer, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, dijo que una de las líneas de investigación que se sigue sobre el asesinato de Santos Gorrostieta “está relacionada con la posible intervención del crimen organizado”. El mandatario dijo que el gobierno del estado carece de suficiente personal policiaco para proteger a todos los ediles de la entidad.
A petición de los presidentes municipales panistas de Tanhuato y Vista Hermosa, se les asignó escolta, precisó el gobernador.
Por su lado, el secretario de Gobierno Jesús Reyna García mencionó este martes que “no existen elementos para suponer que el asesinato de María Santos Gorrostieta Salazar fue a causa de su actividad política presente o a hechos relacionados con su paso por la administración municipal anterior”.

Exculpa PGR a Humberto Moreira de deuda ilegal

 
Ningún quejoso respondió a los requerimientos del MP Federal que, de acuerdo con un documento en poder de MILENIO, determinó el “no ejercicio de la acción penal”.
México • La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con pruebas que relacionen a Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, con la deuda contraída por su estado por más de 5 mil millones de pesos, a través de documentación falsa, por lo que propuso el no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción del delito.
Ignacio Sandoval Alviso, agente del Ministerio Público Federal, titular de la Mesa XII de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, en la que determinó:
“…es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones, de ninguna índole, que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es decir no existen probanzas documentales, ni testimoniales, de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos”.
La consulta fue presentada a diputados federales del PAN, así como ex síndicos de dicho partido en Coahuila, porque ellos aseguraron que durante la gestión de Moreira se cometieron actos presuntamente constitutivos de delito para contraer dicho endeudamiento.
Sin embargo, la resolución emitida el 18 de mayo del presente año por el agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales no fue impugnada.
Además, esos legisladores, que ejercían como diputados locales al momento de la denuncia (Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas y el ex síndico de la Administración Municipal de Frontera, Rodrigo Rivas Urbiba), no respondieron a los requerimientos que en su momento les hizo la PGR, porque estaban en campaña en busca de una curul federal.
“Por lo anterior, a fin de no retrasar la procuración de justicia y vulnerar alguna garantía individual, es que dentro de la presente averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/004/2012 y su acumulada PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXII/009/2012 es procedente determinar proponer el no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción del delito…”, dice la consulta firmada por el agente del Ministerio Público Federal y avalada por el encargado de la fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Roberto Alejandro Ruiz Rubio.
En las averiguaciones previas se hace mención de cada una de las imputaciones contra el ex gobernador, en donde de manera reiterada sus acusadores alegan que durante la administración 2005-2011 “se incrementó exponencialmente la deuda”.
Y que después de “realizar una serie de investigaciones” y “constatar” ciertos hechos se percataron que se podían constituir una serie de delitos contemplados en el Código Penal Federal.
En febrero de este año, la PGR informó públicamente que se documentó un presunto fraude por más de 5 mil 300 millones de pesos, en el que participaron autoridades estatales y federales.
Pero los quejosos indicaron que dicho endeudamiento ascendía a 35 mil 540 millones de pesos.
Cabe mencionar que la PGR inició las averiguaciones por la presentación de cinco denuncias, por la obtención de igual número de créditos, con documentos falsos, otorgadas al gobierno del estado, cuatro de ellos durante la gestión de Humberto Moreira.
Entre esas se encuentra las que pidió indagar la Procuraduría Fiscal de la Federación que encabeza Javier Laynez Potisek.
Incluso en entrevistas que concedió el procurador fiscal, dijo que la Secretaría de Hacienda descubrió cinco créditos con instituciones bancarias distintas donde se detectó la misma forma de operar, es decir, con documentación falsa.
Subrayó que las irregularidades ocurrieron en diciembre de 2009; en julio, septiembre y diciembre de 2010, y marzo de 2011. Es decir, cuatro durante la gubernatura de Moreira, que sumaban 4 mil 300 millones de pesos.
Desde febrero de este año, la PGR dejó en claro que no había pruebas que relacionaran al ex gobernador con la pesquisa, pero investigaba cada una de las denuncias.
También dio a conocer que emitió una alerta migratoria y solicitó el apoyo de Interpol para capturar a cinco ex funcionarios del gobierno de Coahuila presuntamente involucrados en la contratación de deuda pública, créditos que obtuvieron a través de documentos falsos que supuestamente facilitaron dos funcionarios de la Secretaría
de Hacienda.
Cuatro de estos ex servidores públicos ya habían sido capturados por la Fiscalía General de Coahuila y posteriormente se les inició un proceso en el juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en Saltillo, pero el delito que se les imputó no era grave, motivo por el cual alcanzaron la libertad bajo fianza a fines de octubre de 2011.
Ellos son el ex titular de la Tesorería General de Coahuila, Miguel Ramón Rodríguez Flores; el ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de ese estado, Héctor Javier Villarreal Hernández; el ex administrador general de política públicas del Satec, Sergio Ricardo Fuentes Flores, y el ex sub administrador de Políticas Públicas del Satec, Enrique Ledezma Sánchez.
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FORMALMENTE ACUSADOS, SOLO DOS: PROCURADOR FISCAL
De las cinco denuncias que se presentaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de documentos sobre la contratación de deuda en Coahuila, solo hay un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda implicado, afirmó el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez.
En entrevista, reconoció que las denuncias se han dirigido a ex servidores públicos de Coahuila.
A la fecha son dos funcionarios formalmente acusados: el ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal, y el ex director de deuda pública de municipios y entidades federativas de la SHCP, Jaime René Jiménez.
“Aportamos las pruebas que tenemos, los bancos hacen lo propio, igualmente la PGR pide la información correspondiente a Coahuila, y así, una vez que se acredite la falsificación de estos documentos pedirle al juez una orden de aprehensión contra quien haya participado en esos mecanismos”, enfatizó.
Recientemente se pidió la posición de la Secretaría de Hacienda respecto a la implicación de Jaime René Jiménez, a lo que la vocera de la dependencia, Pola Strauss, se concretó a responder “queremos ser muy claros: que desde un inicio la Secretaría de Hacienda comenzó investigaciones tanto dentro como fuera, y finalmente es competencia de la Procuraduría Fiscal”.

Posponen en EU audiencia contra Yarrington

 
El testigo protegido “Ángeles” tenía que atestiguar contra el ex gobernador de Tamaulipas, a quien señaló por tener nexos con el crimen organizado.

Ciudad de México • Un juez de Estados Unidos difirió la audiencia programada este martes, en la que el testigo protegido “Ángeles” tenía que atestiguar contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien señaló de tener nexos con el crimen organizado.
Joel Androphy, abogado en esa nación del ex mandatario, dijo que el difirimiento obedece a que los cargos contra su cliente “son endebles”.
“…no existe evidencia alguna de que se haya coaligado con miembros de la delincuencia organizada con el propósito de realizar actividades de lavado de dinero”, expresó.
La audiencia programada para realizarse en la Corte Federal de San Antonio, fue diferida hasta febrero de 2013.
Joel Androphy manifestó que en Estados Unidos su cliente no enfrenta algún cargo penal y que ello pone en evidencia que la acusación y persecución llevada a cabo en contra de Tomás Yarrington en México no tiene sustento legal y fue desplegada “con propósitos electoreros”.
Destacó que otra señal sobre que la acusación en contra de su cliente en México, no tiene ningún sustento, porque los testigos Napoleón Rodríguez, Eduardo Rodríguez Berlanga y Sonia de Pau fueron liberados al vencimiento de su arraigo.

Hallan 3 ejecutados en Fresnillo, Zacatecas

Fresnillo, Zac 20 de noviembre.- Autoridades Federales confirmaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida durante las primeras horas de este martes. Las víctimas fueron levantados por un comando armado la madrugada de este lunes y sus cuerpos arrojados en distintos puntos de Fresnillo.
El primero de los cuerpos fue hallado, aproximadamente a las 4 de la mañana, en la esquina de las calles González Ortega y Suave Patria de la colonia Olivar, a unos metros de donde están instalados elementos de la Marina Armada de México, se trata de una persona de sexo masculino, se desconoce su identidad.
Los otros 2 cadáveres fueron localizados en la carretera a la comunidad de Purísima del Maguey y Saucito del Poleo, Fresnillo-Jerez, confirmaron autoridades federales. Elementos de la Policía Federal, así como del Ejército realizan un operativo de patrullaje en el municipio.
El procurador de Justicia, Arturo Nahle García informó que las líneas de investigación que se siguen son ajustes de cuentas entre cárteles de las drogas.
Las autoridades se han reservado las identidades de los ahora occisos, hasta en tanto se avancen las investigaciones. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del Servicio Medico Forense para realizar la autopsia de Ley.

México había retirado la escolta a la exalcaldesa asesinada

El Gobierno del Estado mexicano de Michoacán, encabezado por Fausto Vallejo, que asumió funciones en febrero pasado, había retirado la escolta a María Santos Gorrostieta, exalcaldesa de Tiquicheo, asesinada la semana pasada a manos del crimen organizado después de haber sobrevivido en dos ocasiones, no sin sufrir graves heridas, a sendos atentados en su contra.
Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó posesión de la gobernatura el pasado 15 de febrero, desalojando del poder al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que militaba María Santos Gorrostieta.
“Conmigo nunca planteó una petición (de seguridad) sobre ese asunto ni conozco nada a ese respecto”, dijo a la prensa Jesús Reyna, secretario del Gobierno michoacano, al tratar de justificar el hecho de que fuera retirada la protección policiaca a la exedil.
Santos Gorrostieta fue alcaldesa de Tiquicheo entre 2008 y 2011. En octubre de 2009 atentaron contra su vida. A pesar de las heridas no murió, pero en aquel ataque falleció su esposo. Ella se recuperó y retomó sus labores en la alcaldía. El siguiente enero, en la fecha en que debía tener una reunión en la zona de Tierra Caliente, que incluye una región del colindante estado de Guerrero, volvieron a ir a por ella. De nuevo, de forma milagrosa, sobrevivió al ataque y a las heridas.
El domingo el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió que se dé con el paradero de los asesinos de Santos Gorrostieta, y de igual manera demandó un deslinde de “la responsabilidad que pudo haber tenido el secretario de Gobierno al retirarle las escoltas o al no habérselas mantenido”.