
El
gobierno federal se apuntó un tanto a su favor: legalizó a las
autodefensas michoacanas. Ahora bien, eso no es tan importante ni tan
bueno como el gobierno de Enrique Peña Nieto ha presumido. ¿En qué ha
cambiado la situación?
Por supuesto que es tranquilizador saber que al menos 15 mil personas
armadas han aceptado plegarse claramente a la legalidad (y a la
protección estatal), pero también hay puntos oscuros.
Lo que es necesario es legal, dice un adagio jurídico. Visto el
resultado, ese parece ser el argumento que motivó al gobierno. No
obstante, es desolador que las policías comunitarias sean necesarias.
Indica una renuncia, un debilitamiento enorme del poder estatal, que
debe disfrutar del monopolio de la fuerza.
Además, el gobierno no tendría que ser reactivo, ni dar vida de iure a
realidades de facto que se le salieron de las manos. No en situaciones
tan graves como la michoacana. Debería ser propositivo, ir un paso por
delante, es su trabajo. Así que el hecho de dar la bendición jurídica a
un ejército civil parece una salida de relumbrón, un anhelo insano de
pasar la página cuanto antes.
Esto es doblemente grave porque evidencia también el fracaso de las
decisiones y programas que el expresidente Felipe Calderón y el actual
mandatario han recetado a Michoacán. Valga apuntar que actualmente hay
12 mil soldados y policías federales en esa entidad federativa. Así que,
ahora, ¿cómo acompañará el gobierno a las
autodefensas-policías-militares?, ¿por qué esto sí va a funcionar; qué
garantías existen?
Esto es central: De suyo, la legalización no cambia en nada el
problema de raíz en Michoacán: el narcotráfico. La legitimación no es
una solución enfocada al conflicto en sí, sino en una consecuencia del
conflicto: las guardias comunitarias, que sin duda han sido muy
efectivas en su lucha (legítima) y están comprometidas con su terruño.
Pero una cosa es que una situación de emergencia haya obligado a la
defensa de toda una región y, otra, que el gobierno permita que lo
suplanten.
Y esa suplantación no sólo delega un derecho (el de luchar por lo
propio), sino una responsabilidad. Así que los empresarios,
comerciantes, profesionistas, campesinos y obreros que tomaron las armas
como medida desesperada, ahora deben seguirlas empuñando, pese a que
sean empresarios, comerciantes, profesionistas… Con harta probabilidad
esto limará el tejido social y tendrá repercusiones económicas en la
Tierra Caliente.
El miércoles 29, la agencia noticiosa AP enumeró otros problemas:
“Para tener éxito, el gobierno debe enseñar disciplina militar, hacerla
cumplir e inculcar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso
a más 20 mil civiles fuertemente armados para luego, con el tiempo,
disolverlos y enviarlos de vuelta a sus casas ubicadas en el estado de
Michoacán”. Recuerda también que experiencias similares en otros países
provocaron ajustes de cuentas, no justicia.
Para finalizar está el espinoso caso de las armas: ¿Al menos 10 mil
fusiles se legalizan y ya? En efecto, y eso en el caso de que,
amablemente, los propietarios decidan hacerlo, porque no habrá modo de
comprobar que todos han sido inscritos. Tampoco se investigará si algún
rifle estuvo involucrado en la comisión de delitos, en el criminal
programa estadunidense de “Rápido y Furioso” o si proviene de cárteles
rivales.