Contubernio con células criminales para que lograran extender su “dominio” en el tráfico de drogas, ejecución de agentes municipales y ministeriales (sobre todo en 2008), muchos de ellos también con orden de aprehensión por estar relacionados con delincuencia organizada, son hechos que recaen contra el grupo de “los 62” policías detenidos en operación masiva el pasado 29 de julio.
Entre los casos menos graves en su contra, es contar con procesos de investigación por abuso de autoridad --en base a declaraciones de afectados--, dijo una autoridad federal.
De esta forma se confirmó a EL MEXICANO, al recalcar que todos los policías y ex policías detenidos tienen orden de aprehensión, pese a que públicamente ellos dijeron lo contrario cuando eran presentados en las instalaciones de la Fuerza Aérea 7076.
Los primeros señalamientos recaen sobre agentes de la Policía Ministerial que laboraron entre 6 y 18 años en la corporación, quienes poco a poco incrementaron su participación con estos grupos delictivos e incluso hubo rivalidades.
Ellos permitieron que integrantes de células delictivas tanto de Teodoro Eduardo García Simental “El Teo” como de Francisco Sánchez Arellano, “El ingeniero”, crecieran hacia otras zonas, especialmente en Tecate, Rosarito y Tijuana. La mayoría bajo el mando del primero que se indica.
En proporción, en los últimos años, el 80 por ciento de los oficiales detenidos hace unos días trabajaron para “El Teo”, mientras que el resto hacía su labor con el otro grupo, lo que también derivó confrontaciones que culminaron con el asesinato de otros agentes.
Dentro de la investigación, que la autoridad asegura “comenzó hace dos años”, se encontraban también al menos 10 agentes policíacos que fueron asesinados en 2008, antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en su contra, por delincuencia organizada.
Entre ellos se señala a dos agentes de la Policía Ministerial; el resto formó parte de la policía de Tijuana, y habrían sido llamados a rendir cuentas por estos delitos. Como partícipes de algunos crímenes refieren a ministeriales que estuvieron en Tecate, uno de ellos ex comandante en 2008, relevado el 5 de febrero de 2009.
Sustento
En base a los señalamientos hechos por familiares de los detenidos, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) precisó que “en todos los casos existe un proceso de aprehensión legal, girado por el Juez Segundo de Distrito en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas”.
Los casos se encuentra en el expediente que contiene la causa penal número 37/10, en ello se basó la SIEDO, la autoridad de Baja California, apoyada del Ejército Mexicano, para proceder con las detenciones y que al mismo tiempo pidieran ser trasladados al Cefereso Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz.
Sobre el aseguramiento y traslado de las personas, el subprocurador contra la delincuencia Organizada en Baja California, Fermín Gómez Gómez, dijo que “fue una detención inédita en el país, desde el punto de vista jurídico, lo que demuestra que primero se investigó a los agentes, antes de detenerlos.
El titular de la dependencia que se indica mencionó también que las órdenes de aprehensión giradas por un Juez legitiman jurídicamente el operativo realizado por autoridades estatales y el Ejercito Mexicano en apoyo a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada (SIEDO).
“El operativo, consideramos, fue éxito porque no se filtró la información. No hubo pitazos que permitieran que los policías se escaparan”, señaló, al tiempo dijo que la incertidumbre de los familiares es entendible, aunque ya fueron atendidos por funcionarios de la PGJE y canalizados a la delegación de la PGR, dijo. (lda)
Extorsionan abogados a familiares de los agentes
Actos de corrupción por parte de abogados comienzan a gestarse en torno a la detención de 62 policías, quienes son señalados por su presunta participación en hechos de delincuencia organizada. Los “profesionales” cobran por darles información, la que nunca llega.
La denuncia fue hecha por parte de algunos familiares que ya desembolsaron dinero para pagar a estos litigantes, los que prometen dar datos que hasta el momento la autoridad correspondiente no ha dado a esposas, madres, hijos… de estos elementos.
Advierten que ellos llegan en el momento que estas personas realizan manifestaciones, las que comenzaron momentos después de que ellos fueran presentados públicamente en las instalaciones de la Fuerza Aérea 7076, el pasado 29 de julio.
De esta forma es como lo han hecho saber algunos de ellos a EL MEXICANO, quienes dieron un “entre” – recurso-- de 700 dólares e incluso más, pero hasta el momento no les dicen cual es la situación de su gente, incluso no los han vuelto a ver a los litigantes.
“Yo pagué a un abogado 700 dólares para que me diera información de mi hijo, hasta el momento no me ha dicho nada, incluso lo hemos buscado y ya no está. Uno, desesperado, cree en estas personas pero realmente se están aprovechando”.
“Incluso el dinero no es mío, lo pedí prestado a un yerno y con otros de mis familiares. Ahora ya debo y ni siquiera sé cómo está mi hijo”, dijo una mujer en el momento que era parte de una manifestación en las instalaciones de Centro de Gobierno.
Ellos consideran que la autoridad local es responsable de que ellos sean timados de esta manera, tomando en cuenta que al “ir a tocar la puerta” no les dan información certeza, incluso ha sido a través de los medios de comunicación como se han enterado de hechos adicionales.
“No nos habían dicho a dónde serían trasladados, la verdad nos enteramos cuando lo vimos en la televisión, de hecho tampoco que había sido detenidos. Al menos en mi caso mi esposo se fue a un curso al que fue citado pero ya no regresó”.
En este sentido, es que exigen se tenga información directa con ellos, para evitar que la especulación y la mala fe de algunos abogados se conjuguen para que más personas sean fraudeadas, pues lo que buscan es saber las condiciones legales de los policías.
Familiares ya están en Veracruz y Tamaulipas.
Algunos familiares de los policías detenidos se encuentran desde ayer en Veracruz y Tamaulipas para conocer la situación jurídica de sus parientes, aunque señalaron a EL MEXICANO, que no quieren darles información.
“Nos tienen en las mismas, no quieren decirnos el por qué están detenidos”, comentó la familiar de un policía municipal, vía telefónica.
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