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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
presume que unos 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) se encuentran involucrados en las agresiones contra una
adolescente de 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que tras las primeras indagaciones de un equipo de visitadores enviados por la CNDH se determinó que de manera directa e indirecta estarían involucrados 30 elementos de distinto rango de la Sedena, en la violación sexual de una joven el pasado 10 de julio.
El funcionario reveló incluso que las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia Militar (PGJM) ya abrieron las averiguaciones previas contra quienes resulten responsables del ataque y de otras violaciones a los derechos humanos de la adolescente.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer la semana antepasada que iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos, y que enviaría un equipo de visitadores adjuntos a Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez confirmó que el equipo de la CNDH ya se había trasladado a la ciudad tamaulipeca y que se había puesto en contacto con la joven agredida y su familia.
La prensa local reportó en su momento que la adolescente –quien tenía ya varias semanas de embarazo–, se encontraba con su pareja en un hotel, cuando un grupo de militares entró al lugar e irrumpió en su cuarto y luego dos la agredieron sexualmente y uno más le robó sus pertenencias.
Tras denunciar los hechos, la madre de la joven aseguró que soldados comenzaron a vigilar el negocio familiar.
El pasado 2 de agosto se reportó que la adolescente fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores. Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos soldados.
Según los medios locales, la familia se inconformó por la diligencia porque mientras la menor de edad identificaba a sus agresores, los militares se burlaban.
Más involucrados
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aclaró que además de los soldados involucrados de manera directa en la agresión, se pudo identificar que otros militares participaron de manera indirecta al no impedir el ataque o al tener conocimiento de ella y no hacer nada por procurar una sanción.
Raymundo Ramos precisó que la CNDH ya solicitó a la Sedena que brinde información sobre los elementos de la unidad 01327 –a la que pertenecen los presuntos agresores–, para identificar plenamente a los involucrados en la violación de derechos humanos.
A decir del funcionario, la CNDH obtuvo el compromiso del general comandante de la plaza de Nuevo Laredo para evitar que sus elementos dejaran de acosar a la familia de la joven.
Dio a conocer que dos elementos involucrados directamente en la agresión desertaron del Ejército y están prófugos de la justicia. “Aunque ya no formen parte del Ejército deben ser debidamente sancionados; no permitiremos que los crímenes se queden en la impunidad”, puntualizó Ramos Vázquez.
Finalmente, afirmó que se buscará que la autoridad militar procure la debida sanción a todos los elementos involucrados, y que ésta sea determinada con base en su participación en el delito.
La agresión contra la joven ocurre en momentos en que el Estado mexicano ha incumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar así que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en el fuero castrense.
En octubre de 2010 la CoIDH sentenció a México por su responsabilidad en la violación cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, en 2002.
En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que tras las primeras indagaciones de un equipo de visitadores enviados por la CNDH se determinó que de manera directa e indirecta estarían involucrados 30 elementos de distinto rango de la Sedena, en la violación sexual de una joven el pasado 10 de julio.
El funcionario reveló incluso que las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia Militar (PGJM) ya abrieron las averiguaciones previas contra quienes resulten responsables del ataque y de otras violaciones a los derechos humanos de la adolescente.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer la semana antepasada que iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos, y que enviaría un equipo de visitadores adjuntos a Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez confirmó que el equipo de la CNDH ya se había trasladado a la ciudad tamaulipeca y que se había puesto en contacto con la joven agredida y su familia.
La prensa local reportó en su momento que la adolescente –quien tenía ya varias semanas de embarazo–, se encontraba con su pareja en un hotel, cuando un grupo de militares entró al lugar e irrumpió en su cuarto y luego dos la agredieron sexualmente y uno más le robó sus pertenencias.
Tras denunciar los hechos, la madre de la joven aseguró que soldados comenzaron a vigilar el negocio familiar.
El pasado 2 de agosto se reportó que la adolescente fue citada al Primer Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, para identificar y carearse con sus agresores. Los mandos militares le presentaron fotografías y ella identificó a algunos soldados.
Según los medios locales, la familia se inconformó por la diligencia porque mientras la menor de edad identificaba a sus agresores, los militares se burlaban.
Más involucrados
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aclaró que además de los soldados involucrados de manera directa en la agresión, se pudo identificar que otros militares participaron de manera indirecta al no impedir el ataque o al tener conocimiento de ella y no hacer nada por procurar una sanción.
Raymundo Ramos precisó que la CNDH ya solicitó a la Sedena que brinde información sobre los elementos de la unidad 01327 –a la que pertenecen los presuntos agresores–, para identificar plenamente a los involucrados en la violación de derechos humanos.
A decir del funcionario, la CNDH obtuvo el compromiso del general comandante de la plaza de Nuevo Laredo para evitar que sus elementos dejaran de acosar a la familia de la joven.
Dio a conocer que dos elementos involucrados directamente en la agresión desertaron del Ejército y están prófugos de la justicia. “Aunque ya no formen parte del Ejército deben ser debidamente sancionados; no permitiremos que los crímenes se queden en la impunidad”, puntualizó Ramos Vázquez.
Finalmente, afirmó que se buscará que la autoridad militar procure la debida sanción a todos los elementos involucrados, y que ésta sea determinada con base en su participación en el delito.
La agresión contra la joven ocurre en momentos en que el Estado mexicano ha incumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para reformar el Código de Justicia Militar, y evitar así que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en el fuero castrense.
En octubre de 2010 la CoIDH sentenció a México por su responsabilidad en la violación cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, en 2002.
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