Los investigadores Ramón Martínez Coria y Armando Haro Encinas asesoran a un grupo indígena de la sierra de Álamos, Sonora, en la defensa de su tierra. La posibilidad de que en la zona se construya una presa los llevó hasta ahí el pasado 20 de julio, pero desde ese día fueron objeto de agresiones y amenazas de muerte que, la noche del domingo 4 de agosto, los obligaron salir de la zona. Los investigadores señalan al gobierno local como responsables del acoso.
Martínez Coria, presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable y Haro Encinas, académico de El Colegio de Sonora, asesoran a los indígenas Guarijíos de Sonora en la negociación por la eventual construcción de la presa Los Pilares, cuyo programa de obra, acusan, se encuentra en la opacidad y no ha sido explicado a la tribu.
La salida de los investigadores ocurre en la víspera de que se tomen “decisiones importantes” en la comunidad, según publicó Haro Encinas en su perfil de Facebook.
El año pasado, el gobierno estatal se comprometió ante el pueblo a que la obra no afectaría su territorio. Además, acordaron la presentación de un resumen del plan en la lengua nativa y el respeto al derecho a que la obra se construya previa consulta libre e informada. Los guarijíos, afirman los investigadores, no se oponen a priori a la presa. Lo que buscan en esta etapa es estar bien informados sobre sus condiciones y efectos.
Sin embargo, según la Evaluación de Impacto Ambiental que realizó la Semarnat, la obra afectará a nueve comunidades, de las cuales dos serán reubicadas. Por ello, la dependencia hizo hincapié en el documento de evaluación de impacto que, previo al inicio de las obras debería presentarse por escrito a la PROFEPA el consentimiento de la tribu guarijía para la ejecución del proyecto, para lo cual se necesitarían las firmas de los 5 gobernadores (líderes guarijíos). Las otras siete comunidades serán afectadas en sus tierras de cultivo y en sus lugares sagrados, así como en su cotidianidad, pues cambiará considerablemente su entorno. Entre las preocupaciones que manifestaron los guarijíos, estaban temas como la pérdida de sus tierras por la inundación, el peligro para los niños al cruzar la presa para ir a la escuela, la proliferación de insectos por las aguas estancadas y los consecuentes daños a la salud, la posible desaparición de plantas medicinales y, un tema muy importante para ellos por razones culturales, el panteón y sus muertos, que quedarían bajo el agua.
El día en que ambos investigadores llegaron a la sierra de Álamos, concretamente a la comunidad de San Bernardo, las llantas de sus autos fueron picadas con navajas. Con ello quedaron sin posibilidad de asistir a una asamblea celebrada en una comunidad cercana y después de la cual, señalan, operadores del gobierno coaccionaron a cuatro de los cinco gobernadores tradicionales para que firmaran los permisos necesarios para ejecutar el proyecto de la presa; todas ellas, según los investigadores, bajo presión. Las comunidades acusan que esas rúbricas carecen de efecto, pues no fueron aprobadas en asamblea.
A la primera agresión siguió una serie de mensajes intimidatorios que llegaron a los celulares y a las redes sociales de los investigadores, según relata Martínez Coria en entrevista telefónica con Animal Político. Algunos de esos mensajes contenían claras amenazas a sus vidas. El investigador añadió que uno de esos mensajes llegó acompañado de una fotografía de los automóviles que usaban en la región, la cual, presumen, fue tomada desde una cámara de vigilancia pública.
Anoche, en camino a Hermosillo, última parada antes de que la mañana de este lunes 5 dejen el estado, Martínez Coria acusó al gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, de ser la persona que “encabeza el esfuerzo” para que cesen la labor que hacen en la sierra. Concretamente, el investigador señaló como autores de las amenazas al representante del gobierno Manuel Borbón Holguín, y a un profesor y operador político del Ayuntamiento de Álamos de nombre Pedro Meza. Martínez Coria aseguró que hay “mucha concordancia” en su operación política y la “vehemencia” con la que actúan en el caso.
Pedro Meza es de origen mayo, grupo étnico enclavado en la parte baja del Río Mayo. Al ser la zona donde el río desemboca en el mar, existen grandes distritos de riego. Los investigadores aseguran que los mayos alquilan las tierras a la agroindustria, e impelidos por los arrendadores, apoyan la construcción de la presa. Los guarijíos están asentados en la parte media del Mayo, que nace en el estado de Chihuahua.
La semana pasada, el caso comenzó a politizarse por una declaración del secretario de gobierno, Roberto Romero López, al diario El Imparcial. El funcionario aseguró el pasado jueves 1 de agosto que el Partido Revolucionario Institucional se opone a la construcción de Los Pilares. Dos días después, el líder del tricolor en el Congreso local, Samuel Moreno Terán, calificó las acusaciones del secretario como “irresponsables”, según consta en una nota del diario Expreso.
Ante la politización del asunto, el investigador Haro Encinas lanzó en su Facebook la pregunta: “¿Si ahora dicen que es el PRI el que no los deja hacer la presa…. porqué nos atacan a nosotros, los asesores de los guarijíos?”.
El domingo 4 de agosto, 72 personas firmaron un desplegado en el que expresan al gobierno local y a la Secretaría de Gobernación su preocupación por la integridad física de los defensores y les exigen que se aboquen a “investigar la procedencia de las amenazas y ataques”. Anoche, tanto Haro Encinas como Martínez Coria ya se encontraban acogidos al mecanismo de protección a defensores de Derechos Humanos que opera la Secretaría de Gobernación.
La importancia de la presencia de los investigadores en esta etapa quedó de manifiesto en una publicación de Haro Encinas en Facebook: “Quieren impedir a toda costa que regresemos Ramón y yo a la región el día de mañana, puesto que en estos días se van a decidir muchas cosas importantes allá arriba. Los promotores han hecho saber que no nos quieren en las negociaciones. Pero los guarijíos exigen nuestra presencia”.
Este lunes 5 de agosto por la mañana, en entrevista con Proyecto Puente, Roberto Romero López negó toda participación del gobierno estatal en las amenazas a los académicos y los acusó de estar envueltos en un conflicto interno de la etnia guarijía, donde grupos opuestos se disputan el control. Dijo que Haro Encinas y Martínez Coria “cohabitan” con la tribu y desde el comienzo se han pronunciado en contra de la construcción de la presa, pues mantienen intereses en el asunto.
Respecto a las acusaciones a priístas, Romero se retractó, y reconoció la colaboración de los priístas, en especial del diputado Manlio Fabio Beltrones, por el apoyo que han brindado al gobierno estatal en materia de recursos y negociaciones. Fue con su ayuda, declaró, que ayer se logró recaudar la última de las cinco firmas, la cual se constató ante notario público. Así, el día de ayer se dio por acabado el proceso, precisó Romero ante la audiencia. Con ello comenzará la construcción de la presa, que prevé dure un total de 24 meses.
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