El
pasado 31 de mayo dos militares asignados a la escolta del titular de
la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, general Alberto Reyes
Vaca, detuvieron a Roberto León Corona y Alex Chamorro Valencia por
supuestos delitos en flagrancia.
Según una denuncia interpuesta por Mireya Vargas, esposa de Roberto, los hechos se produjeron en el municipio de Uruapan, pero en lugar de que los escoltas del mando policiaco pusieran a disposición de las autoridades ministeriales a los detenidos, los vejaron, los torturaron, los privaron de su libertad y, por si fuera poco, exigieron el pago de rescate a sus familiares.
En una carta dirigida a los medios de comunicación locales, la mujer refiere que en su caso le pidieron un millón de pesos.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 31 de octubre recibió en su celular una llamada de su esposo, para informarle que había sido arrestado.
“Me dijo que lo habían detenido militares adscritos a Seguridad Pública. Fue todo lo que me alcanzó a decir y enseguida se escuchó un fuerte golpe que me imaginó que lo desmayó, porque ya no se escuchó nada. Desde entonces mi peregrinar se ha hecho una pesadilla para mí y mi familia”, refiere.
Preocupada por la suerte de su pareja, dice, decidió entonces buscarlo en la cárcel preventiva y luego en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), pero consigna que “nadie nos daba información sobre el paradero de Roberto, incluso llegue a pensar que estaba muerto, pues no había señales de vida de él”.
Lo peor, relata, fue que entre ese día y el siguiente, 1 de noviembre, comenzó a recibir llamadas desde un celular privado en las que un hombre le decía: “si quieren ver con vida a su familiar será mejor que nos entreguen un millón de pesos para liberarlo”.
Según Mireya, el otro hombre que fue detenido junto con su marido, Alex Chamorro, logró escapar del lugar donde los tenían, y aún con las manos atadas corrió hacia las oficinas de la PGJ” para pedir auxilio. Ello ocurrió el pasado sábado 2, pero su libertad no duró mucho, debido a que elementos de la SSP, dijo, realizaron un operativo y lo arrestaron de nueva cuenta.
Ese mismo día los familiares de los indiciados presentaron una denuncia por su desaparición.
Cinco días después del arresto de los dos hombres, la SSP estatal difundió un comunicado en el que destaca “la detención en flagrante delito de dos personas de nombres Alejandro Chamorro Valencia y Roberto León Corona, de 24 y 26 años de edad, respectivamente, quienes en estricto apego a la legalidad y en irrestricto respeto a sus derechos humanos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, ya que las conductas flagrantes tipificadas como delitos, que desplegaron en presunta complicidad con otras personas involucradas, corresponden al fuero federal”.
Añade:
“Debido al tipo de delito que motivó su detención, fue necesaria la coordinación con las autoridades federales para llevar a cabo la puesta a disposición, misma que fue de manera inmediata, por lo que serán las autoridades jurisdiccionales de ese orden quienes les resolverán su situación jurídica”.
Mireya Vargas afirmó que no defenderá a su esposo a ultranza, pues “si es culpable de un delito”, dijo, “que sea juzgado conforme a derecho, en un Tribunal”.
Lo que no debe ocurrir, subrayó, es la siembra de delitos, y exigió “una defensa justa” para los dos acusados.
Según una denuncia interpuesta por Mireya Vargas, esposa de Roberto, los hechos se produjeron en el municipio de Uruapan, pero en lugar de que los escoltas del mando policiaco pusieran a disposición de las autoridades ministeriales a los detenidos, los vejaron, los torturaron, los privaron de su libertad y, por si fuera poco, exigieron el pago de rescate a sus familiares.
En una carta dirigida a los medios de comunicación locales, la mujer refiere que en su caso le pidieron un millón de pesos.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 31 de octubre recibió en su celular una llamada de su esposo, para informarle que había sido arrestado.
“Me dijo que lo habían detenido militares adscritos a Seguridad Pública. Fue todo lo que me alcanzó a decir y enseguida se escuchó un fuerte golpe que me imaginó que lo desmayó, porque ya no se escuchó nada. Desde entonces mi peregrinar se ha hecho una pesadilla para mí y mi familia”, refiere.
Preocupada por la suerte de su pareja, dice, decidió entonces buscarlo en la cárcel preventiva y luego en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), pero consigna que “nadie nos daba información sobre el paradero de Roberto, incluso llegue a pensar que estaba muerto, pues no había señales de vida de él”.
Lo peor, relata, fue que entre ese día y el siguiente, 1 de noviembre, comenzó a recibir llamadas desde un celular privado en las que un hombre le decía: “si quieren ver con vida a su familiar será mejor que nos entreguen un millón de pesos para liberarlo”.
Según Mireya, el otro hombre que fue detenido junto con su marido, Alex Chamorro, logró escapar del lugar donde los tenían, y aún con las manos atadas corrió hacia las oficinas de la PGJ” para pedir auxilio. Ello ocurrió el pasado sábado 2, pero su libertad no duró mucho, debido a que elementos de la SSP, dijo, realizaron un operativo y lo arrestaron de nueva cuenta.
Ese mismo día los familiares de los indiciados presentaron una denuncia por su desaparición.
Cinco días después del arresto de los dos hombres, la SSP estatal difundió un comunicado en el que destaca “la detención en flagrante delito de dos personas de nombres Alejandro Chamorro Valencia y Roberto León Corona, de 24 y 26 años de edad, respectivamente, quienes en estricto apego a la legalidad y en irrestricto respeto a sus derechos humanos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, ya que las conductas flagrantes tipificadas como delitos, que desplegaron en presunta complicidad con otras personas involucradas, corresponden al fuero federal”.
Añade:
“Debido al tipo de delito que motivó su detención, fue necesaria la coordinación con las autoridades federales para llevar a cabo la puesta a disposición, misma que fue de manera inmediata, por lo que serán las autoridades jurisdiccionales de ese orden quienes les resolverán su situación jurídica”.
Mireya Vargas afirmó que no defenderá a su esposo a ultranza, pues “si es culpable de un delito”, dijo, “que sea juzgado conforme a derecho, en un Tribunal”.
Lo que no debe ocurrir, subrayó, es la siembra de delitos, y exigió “una defensa justa” para los dos acusados.
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