yonarco.com,Una tregua avalada por “El Chapo”

Las autoridades de Medellín atribuyen a su efectividad en el combate al crimen organizado la sensible baja de la violencia en esa ciudad colombiana. Pero las mafias y los habitantes de los barrios marginales tienen otra versión: las dos principales bandas de esa urbe, La Oficina y Los Urabeños, acordaron una tregua, el Pacto del Fusil, para terminar una guerra que ya les había causado miles de bajas a lo largo de casi un lustro y entorpecía sus negocios. Pero hay más: en las reuniones cumbre en las cuales los líderes de ambos grupos “firmaron la paz” hubo representantes del Chapo Guzmán, a quien le interesa que sus proveedores mantengan el flujo de cocaína.
MEDELLÍN, COLOMBIA.- Tras varios años de guerra y miles de muertos, las organizaciones criminales Los Urabeños y La Oficina –dominantes de la actividad delictiva en esta ciudad– acordaron el pasado julio una tregua llamada Pacto del Fusil, que coincidió con una drástica caída en el índice de homicidios y cuya gestación se atribuye en los barrios bravos de la ciudad al ato costo financiero del conflicto mafioso, a la necesidad de esos grupos de potenciar sus negocios ilegales y al acoso de la policía.
De acuerdo con el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) de Medellín, Luis Fernando Quijano, el Pacto del Fusil tiene “el aval del Cártel de Sinaloa porque (la organización delictiva mexicana de Joaquín El Chapo Guzmán) ve la necesidad de acabar ese conflicto a fin de no afectar más el suministro de droga para sus rutas a Estados Unidos, que ha estado cayendo.
“En reuniones entre jefes de La Oficina y Los Urabeños ha existido presencia de mexicanos, de gente del Chapo. A ellos les conviene este acuerdo porque fortalece a Los Urabeños, sus socios principales en Colombia, y les garantiza más embarques”, dice a Proceso el investigador del conflicto urbano y del fenómeno mafioso en Medellín.
Según organismos colombianos de inteligencia, el Cártel de Sinaloa tiene una estrecha relación de negocios con Los Urabeños –la mayor banda criminal (bacrim) del país y la más involucrada en el tráfico internacional de cocaína–, aunque en el pasado también hizo negocios con La Oficina.
Giovani, un mando medio de La Oficina en la Comuna 13 de Medellín –una de las más violentas y golpeadas por la guerra entre los combos (pandillas) de las dos organizaciones mafiosas dominantes–, dice que el Pacto del Fusil es consecuencia “del desgaste económico que estábamos teniendo” por los frecuentes enfrentamientos armados.
El año pasado se registraron en esa comuna (barrio popular) cuatro homicidios semanales, la mitad de menores de 25 años. El pasado febrero dos jovenes fueron asesinados por invadir el territorio de una banda rival, lo cual causó alarma social y desató un fuerte operativo policiaco.
“Esto afectaba los negocios, el boleteo (extorsión), el comercio (bajo coerción), el microtráfico, y nos hacía muy visibles para la policía, estábamos facilitándole el trabajo”, asevera el jefe de zona, quien en su interacción con la comunidad se conduce como un dirigente social más que como un capo mafioso. Una mujer mayor lo saluda a la mitad de la calle y él saca del bolsillo un billete de 10 mil pesos colombianos (unos cinco dólares) y se lo entrega. “Tenga, mamita”, le dice.
Giovani –con una camiseta del equipo de futbol Nacional de Medellín, tenis Nike, pantalón de mezclilla y tres guardaespaldas– dice que la tregua con Los Urabeños fue pactada “por los jefes altos; los mexicanos han estado en reuniones posteriores, en las que se han cuadrado negocios”.
Quijano sostiene: “Desde que se dio el pacto hay más presencia del Cártel de Sinaloa”.­
El Pacto del Fusil fue producto de al menos dos cumbres entre cabecillas de La Oficina y Los Urabeños el pasado julio, una de las cuales tuvo lugar en Medellín y otra en una finca de San Jerónimo (unos 25 kilómetros al noroccidente de esta ciudad), donde los jefes mafiosos se repartieron las zonas, sellaron alianzas para trabajar conjuntamente en grandes cargamentos de droga y acordaron finalizar los choques armados. Los coordinadores replicaron esos encuentros en las comunas en conflicto para delimitar sus territorios e impartir la orden del alto al fuego a todos los combos. El desacato se paga con la muerte.
Medellín había vivido una guerra mafiosa de casi cinco años que produjo la mayoría de los 7 mil 671 homicidios en la ciudad entre 2009 y junio de este año. Más de uno cada seis horas, en promedio. El conflicto se desató luego de la extradición a Estados Unidos, en 2008, de Diego Fernando Murillo, Don Berna, jefe máximo de La Oficina y quien dominó durante la mayoría de la década pasada el crimen organizado en el área metropolitana de esta urbe de 3.5 millones de habitantes, la segunda más grande de Colombia.
Tras la caída de Don Berna sus principales subalternos –Ericson Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano– iniciaron una disputa por el control de la plaza que se prolongó hasta la captura de este último en Venezuela en noviembre de 2011.
Valenciano se había aliado con Los Urabeños –grupo paramilitar convertido en bacrim– para combatir a Sebastián, quien asumió el liderazgo de La Oficina hasta su detención en una finca cerca de Medellín en agosto de 2012. El encarcelamiento y posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra entre sus estructuras, que en los primeros meses de este año incluyó asesinatos de menores de edad, torturas, desapariciones y otros crímenes atroces contra personas inocentes.
Trabajo social
Giovani plantea que la tregua ha permitido la consolidación de los negocios criminales de La Oficina y Los Urabeños, las cuales controlan en Medellín desde la “seguridad” de los camiones de pasajeros, negocios, vendedores ambulantes y casas de apuestas, mediante cuotas extorsivas, hasta el más rentable microtráfico de drogas, las “plazas de vicio” donde se expenden y consumen estupefacientes en las comunas y el comercio en los barrios.
“Sin tiros uno se puede dedicar más a hacer rendir los negocios”, dice el coordinador de combos de la Comuna 13. Asienta que la guerra drenaba las finanzas de las mafias locales. “Eso no es rentable, aquí se echaba tanta bala que teníamos que recalzar las balas fundiendo latón”, señala.
La mayoría de los jóvenes muertos dejó­ familias cuya manutención corre a cargo de las bandas, mientras que los capturados por la policía también cuestan dinero por los gastos de defensa y las ayudas alimenticias que proporcionan a sus esposas e hijos. “Por todos lados estábamos perdiendo plata”, puntualiza Giovani.
Él y sus combos venden las arepas (tortillas colombianas) y los huevos –alimentos básicos en la dieta de este país– a los comercios de un amplio sector de la Comuna 13, en su faceta de comerciantes. A los camiones de pasajeros que entran en sus barrios y a los pequeños negocios les cobran unos 10 dólares diarios de “cuota”. En las más de 50 “plazas de vicio” que tienen diseminadas en la zona expenden bazuco, mariguana, drogas sintéticas, cocaína. Por todos lados se observan jóvenes con pistolas al cinto. Es su territorio.
Giovani también resuelve disputas por terrenos irregulares, conflictos entre vecinos y hasta pleitos maritales. “Yo soy un líder social”, expresa. Y en parte es verdad. En medio de sus actividades mafiosas saca tiempo para hacer trabajo comunitario. Los funcionarios de integración territorial de la alcaldía se tienen que entender con él para efectuar cualquier labor en su área de influencia.
El coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá –donde se asienta Medellín–, Carlos Arcila, afirma que las estructuras criminales de La Oficina y Los Urabeños “forman pequeños Estados en los barrios, que suplen la ausencia gubernamental. Ellos son quienes dan empleo a los jóvenes con las rentas ilegales; los que dirimen controversias; organizan, controlan y ayudan a la comunidad. En esta temporada navideña les dan mercado (víveres) a los más pobres y ayudan a los barrios a hacer pesebres. La gente los ve como dirigentes sociales, ellos regulan la vida comunitaria”.
Arcila, abogado penalista, manifiesta que el Pacto del Fusil ha permitido a las mafias “tener más control social y afianzar su poder económico y territorial. Las balaceras también les estaban restando apoyo entre la población y hoy los barrios viven otro clima, uno de mayor tranquilidad.
“El propósito del pacto es mantener toda su estructura económica y militar y dividir sus negocios. Es algo que están logrando, pero también les permite ganar más apoyo de la comunidad y afianzar sus alianzas con grupos trasnacionales, como el Cártel de Sinaloa. Aquí todos salieron ganando. La guerra y la presión estatal los había desgastado. Las autoridades les habían dado golpes muy fuertes”, afirma.
Odines
El jefe del subcomando operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, José David Garzón, dice: “Más que un pacto lo que tenemos aquí es un repliegue de estos grupos delincuenciales por la presión sobre ellos, por las capturas de sus principales cabecillas. Con esta tregua buscan que nosotros bajemos la presión sobre ellos, pero no lo vamos a hacer”.
Menciona que todos los años se han capturado “objetivos de alto valor”, como Cebollero, Douglas, Riñón, Hugo Quintero, Gordo Téllez, Valenciano, Sebastián y Carlos Pesebre. Éste, capturado el pasado marzo, es uno de los últimos grandes jefes de La Oficina y, según activistas sociales, desde la cárcel sigue ejerciendo gran influencia sobre esa organización y realizó gestiones que facilitaron la tregua con Los Urabeños.
La Oficina y Los Urabeños fungen como las casas matrices y a los centros de mando de las estructuras operativas la policía los llama organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin), las cuales a su vez controlan a los combos.
Según estadísticas oficiales, en 2009 había en Medellín 21 odines; este año la cifra bajó a 14. Los combos pasaron de 350 a 119 en el mismo lapso. Diferentes organizaciones sociales estiman que existen unos 6 mil jóvenes al servicio del crimen organizado en la ciudad.
El mes pasado la policía capturó a Carlos Alberto Zapata Herrera, Camilo, uno de los jefes de la odin llamada Trianón, la cual tiene injerencia en las comunas medellinenses 7, 11, 12 y 13. Un informe de inteligencia lo ubica como un expolicía de élite que sirvió 17 años a la institución como comando jungla y que acabó cooptado por La Oficina.
El reporte señala que el exoficial sucedió a Carlos Pesebre en esa organización y “trabaja con los mexicanos del Cártel de Sinaloa”. Por un error procesal –que está siendo investigado–, la fiscalía dejó libre al delincuente el pasado 19 de noviembre.
“Lo vamos a volver a capturar”, pronostica Garzón, quien sostiene que la policía colombiana ha acumulado mucha experiencia y capacidades para atacar los fenómenos criminales y reducir la violencia y delitos de gran impacto social, como los homicidios.
Diferentes organizaciones sociales han documentado que la disminución de homicidios en la ciudad es producto del Pacto del Fusil y no de una política integral de seguridad.
En 2009, cuando la guerra entre Valenciano y Sebastián vivía uno de sus puntos más candentes, Medellín tuvo 2 mil 187 asesinatos, uno cada cuatro horas, en promedio. Desde entonces la cifra ha bajado sostenidamente a un ritmo de más de 10% cada año. En 2012 hubo mil 251 homicidios y entre enero y noviembre pasados 859, lo cual hace prever que este año habrá menos de mil, el índice más bajo desde 2007.
Para el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez Hoyos “afirmar que por el supuesto pacto tenemos una reducción importante de homicidios es completamente descabellado porque los números hablan por sí mismos. Hay una tendencia a la baja que viene muy marcada desde el año pasado (entre 2011 y 2012 ese delito cayó 24.1%)”.
Medellín es la ciudad colombiana que más invierte en seguridad. Al presupuesto de la policía y los organismos de justicia –proveniente del gobierno nacional– el municipio adicionará el año próximo unos 90 millones de dólares que se emplearán en tecnología, logística y prevención del crimen. “Nosotros contribuimos con más presupuesto y articulamos el trabajo de la policía y la fiscalía”, indica Sánchez Hoyos.
Ciclos
Quijano señala que Medellín ha vivido ciclos de paz y violencia y periódicos ajustes del crimen organizado:
“En esta etapa lo que podemos apreciar es que Los Urabeños se ven más fortalecidos porque dominan las rutas del tráfico internacional de drogas y son quienes tienen el mayor contacto con los cárteles mexicanos. La Oficina se dedicará más al mercado local, a la extorsión, al microtráfico, y les dará un porcentaje del negocio a cambio de llevar una comisión en algunos embarques de droga. Ahora son socios pero podríamos estar a las puertas de que exista un único patrón en Medellín y el Valle de Aburrá. Ese patrón serían Los Urabeños.”
Según el presidente de la Corpades, Los Urabeños “son una mezcla de empresa mafiosa y ejército criminal y son los dueños de las rutas más rentables. A la Oficina le conviene negociar con ellos. Es lo que estamos viendo”.
Arcila advierte que si bien los homicidios han disminuido de manera importante en la ciudad, como las balaceras en los barrios, los asesinatos selectivos van en aumento, lo cual revela que las odin y los combos ajustan cuentas con mayor discreción.
“Es evidente que no quieren llamar la atención porque vienen de un periodo de mucho desgaste”, asegura.
El abogado y activista humanitario considera que el Pacto del Fusil debe aprovecharse para lograr acuerdos de mayor alcance social entre los grupos criminales, como su compromiso para dejar de utilizar niños en sus negocios, sea como sicarios o distribuidores de drogas.
El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, convocó el pasado 4 de octubre a una jornada de oración por la paz a la cual se sumaron La Oficina y Los Urabeños, que repartieron camisetas blancas en las comunas con el lema “Antioquia sin fronteras”. Las iglesias se abarrotaron de jóvenes que las portaban. Antioquia es el departamento (estado) al cual pertenece Medellín, y “sin fronteras” alude a los límites invisibles en los barrios antes del Pacto del Fusil para delimitar los territorios de los combos. Cruzarlos equivalía a una condena de muerte.
Arcila es escéptico: “Estas treguas son muy frágiles”.