Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, líderes del cártel de Sinaloa o del Pacífico, son los responsables de 67 por ciento de homicidios relacionados con el crimen organizado que se registraron en los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón, debido a la expansión de su organización criminal.
Un documento del gobierno federal de entonces denominado “Información sobre el fenómeno delictivo en México”, detalla que durante los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón se documentaron 28 mil 353 asesinatos ligados al crimen organizado.
De ese universo, 22 mil 701 tuvieron su origen en siete conflictos, cuatro de ellos en los que estuvo relacionado el cártel de Sinaloa.
Los homicidios, que se contabilizaron del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2010 (y que se ofrecieron por última vez en 2010, a través de la página electrónica de la Secretaría de Gobernación), se concentraron en 162 municipios de los 2 mil 456 de la República mexicana.
La pelea más sangrienta se desarrolló en Chihuahua, Durango y partes de Sinaloa, donde las células de los capos sinaloenses se enfrentaron con el cártel de Juárez, que encabeza Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, producto de antiguas rivalidades y traiciones familiares, y por el control de Ciudad Juárez, el puerto de salida de droga más estratégico hacia Estados Unidos.
En el sexenio calderonista se reconocieron siete conflictos; en cuatro estaba involucrado el cártel de Sinaloa: contra Juárez, contra los Beltrán Leyva, contra Golfo-Zetas y contra los Arellano Félix.
Las otras tres peleas eran La Familia michoacana contra Golfo-Zetas; Golfo contra Zetas y La Familia contra los Beltrán Leyva.
Hasta julio de 2010, la administración pasada reportó 8 mil 236 homicidios (36 por ciento) a raíz del conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Juárez; Sinaloa contra Beltrán Leyva, 5 mil 864 asesinatos (26 por ciento); Sinaloa contra Golfo-Zetas, 3 mil 199 homicidios (14 por ciento) y Sinaloa contra los Arellano Félix, mil 798 homicidios (8 por ciento).
La disputa entre La Familia con el Golfo y los Zetas generó mil 744 muertes (8 por ciento); la fractura entre el Golfo y Zetas dejó mil 328 homicidios (6 por ciento) y la guerra entre La Familia y los Beltrán Leyva 56 bajas (0.2 por ciento). En ese periodo no se habían determinado 476 muertes (1.8 por ciento).
La guerra entre el cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva tuvo su origen en el encarcelamiento, en 2008, de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el hermano menor de los capos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, El Barbas y El H, respectivamente. La captura generó la pérdida de confianza y una espiral de violencia en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y partes de Jalisco y Guerrero.
Hasta ese año, las organizaciones criminales más grandes del país eran Sinaloa y el cártel del Golfo-Zetas (esta última que se escindiría después), quienes disputaban varios territorios desde antes del comienzo del pasado sexenio.
Luchaban por Durango, Coahuila y Sinaloa (donde cruzan las rutas de trasiego hacia el norte) al igual que por Guerrero, Tabasco, Quintana Roo y el sur de Chiapas (lugares por donde ingresa la droga desde Sudamérica).
Otro conflicto que surgió en la década de los 90 y continúa hasta la fecha es porque el cártel de los Arellano Félix se dividió en dos facciones: una aliada con El Chapo Guzmán y otra leal a los Arellano.
La confrontación entre La Familia y el cártel del Golfo-Zetas se anunció en 2006 con cinco cabezas arrojadas en un centro nocturno de Uruapan, Michoacán, y en noviembre del mismo año con un desplegado público. La disputa se desplazó a los estados de México, Guerrero y Guanajuato.
“NO HAY QUE PRESIONAR A PGR”
Senadores de PRI y PAN avalaron que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pueda ser extraditado a Estados Unidos para que allá se investigue la red de narcotráfico que empieza en México y prosigue en ese país, aunque pidieron que no se presione al procurador, Jesús Murillo Karam, y sea éste quien tome la decisión que mejor considere.
El priista Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que la extradición es una posibilidad, pero habrá que dejar que el procurador Jesús Murillo tome una decisión sin presiones, sobre todo cuando se logró una captura con un trabajo muy cuidadoso, que demuestra que la estrategia anticrimen de este gobierno sí funciona, y rechazó que la captura de Guzmán se trate de un asunto mediático.
En tanto, el panista y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, dijo que la extradición “sería un paso importante porque con ello Estados Unidos podría obtener información sobre el destino final de la droga y de los cargamentos que El Chapo trasladaba”, aunque en principio tiene que ser juzgado en México.
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