Tamaulipas, el Estado fallido

Con el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el crimen organizado no solo escaló de manera inusitada los niveles de violencia registrados en el país en el actual sexenio. También rebasó sus propios límites en su relación con el poder político y económico, con el cual hasta hoy había convivido por décadas, en una entidad de las más penetradas por el narco y con una de las elecciones para gobernador más dramáticas de su historia reciente.
Formada por 43 municipios con más de tres millones de habitantes, Tamaulipas vive la ruptura del Estado de derecho como consecuencia de la acción del crimen organizado que durante décadas creció erosionando las estructuras políticas, policíacas y de procuración de justicia, viéndose la entidad convertida así en plataforma para la expansión de los cárteles de la droga. Jefes y operadores de cártel del Golfo, de Los Zetas y ahora de La Familia Michoacana partieron al estado, lo dividieron y han logrado pulverizar la capacidad de respuesta del gobierno estatal, borrando a los municipales y exhibiendo al gobierno federal y a sus instancias de inteligencia civil policiaca y militar con el asesinato de Torre Cantú.
Para especialistas en temas de seguridad como Adolfo Miranda, presidente del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), las bandas criminales aliadas con los cárteles de la droga “han perdido la proporción y los límites de lo que hacen; de traficantes de mercancía ilegal pasaron a ser narcotraficantes, escalaron posiciones, se coludieron con la fuerzas pública y con grupos políticos y fueron rebasando todos los límites”. Miranda explica que esta relación se tradujo en el desgaste de los cuerpos de seguridad y en el posicionamiento de los narcotraficantes en zonas sin ningún tipo de control de los gobiernos de Tamaulipas, “una región en la que prácticamente está desapareciendo el Estado de derecho”.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú y de los integrantes de su equipo de campaña representa una escalada del crimen organizado, señala el experto en seguridad. “Esto va en aumento, porque la delincuencia organizada va elevando el perfil de sus objetivos; de presidentes municipales, directores de seguridad y comandantes de policía pasa ahora a enfrentarse con la cabeza de la vida institucional del estado”. Esta escalada tiene un claro mensaje político y revela “una grave crisis de las instituciones a nivel nacional, no sólo estatal”. Miranda advierte que hay zonas del país que carecen de una vida institucional sana, como en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos: de manera especial El Triángulo dorado de Chihuahua y Durango y su comunicación hacia el Pacífico vía Sinaloa.

Egidio Torre Cantú, hermano de Rodolfo, candidato asesinado en Tamaulipas, tomó el lugar del fallecido como aspirante a la gubernatura.

RETO AL ESTADO DÉBIL

Raúl Benítez Manaut, investigador y catedrático de la UNAM especializado en temas de seguridad nacional, señala que el crimen contra Rodolfo Torre “es una maniobra muy audaz” por parte de grupos de la delincuencia organizada, aunque rechaza que pueda hablarse tan pronto de una escalada de violencia a raíz del asesinato. Piensa que anunciarlo así sería muy prematuro, sobre todo porque las elecciones son este domingo cuatro de julio; lo que no duda en señalar es que se trata de “una demostración de poder” por parte de la delincuencia, “un desafío a los políticos”. En cuanto al papel del gobierno estatal y de los municipales en Tamaulipas, el sociólogo y también maestro y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Armada de México señala que “están totalmente rebasados por estos hechos, incluyendo al gobierno federal”. Manaut recuerda que en Tamaulipas la rivalidad es entre el cártel del Golfo y Los Zetas, similar a la que se generó en el cártel de Sinaloa por las fracturas con los Beltrán Leyva. En todo caso, el ataque contra el priista Torre Cantú es un mensaje directo a la clase política no sólo en ese estado, sino en el resto del país, para advertirle con quién sí y con quién no debe estar, considera Manaut.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú se da en un momento de quiebre de las instituciones de justicia, con ecos en el ámbito de la administración pública de Tamaulipas. De sus 43 municipios, siete concentran a casi 75 por ciento de sus poco más de tres millones de habitantes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaba en 2005 a los municipios de Reynosa (526 mil 888 habitantes), Matamoros (462 mil 157), Nuevo Laredo (355 mil 827), Tampico (303 mil 924), Victoria (293 mil 044), Ciudad Madero (193 mil 045) y Altamira (162 mil 628) como los más poblados. Son también los de mayor actividad e impacto del narcotráfico. En ellos se asientan y operan los líderes de los cárteles del Golfo, de Los Zetas y de las escisiones que la primera organización ha tenido en los últimos seis años: datos de la PGR obtenidos mediante la Ley Federal de Acceso a Información señalaban en 2009 que Tamaulipas se ubicaba como una de las cinco entidades con mayor desfase en la procuración de justicia. Los datos entregados por la PGR indicaban que en la entidad habían sido detenidas el año pasado tres mil 580 personas por presuntos nexos con la delincuencia organizada. De esa cantidad fueron liberadas dos mil 83 y consignadas ante el Ministerio Público mil 418. Al final, sólo se obtuvieron sentencias condenatorias contra 616 personas, es decir, la sexta parte de los originalmente detenidos.

El 29 de junio se reunieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dirigentes y gobernadores del PRI para despedir a su candidato muerto en una emboscada.

MIEDO Y DESGOBIERNO

Las elecciones a gobernador de este domingo cuatro de julio, con Egidio Torre Cantú, hermano del candidato priista asesinado el lunes, como abanderado emergente para el proceso electoral, se darán en medio del miedo de los tamaulipecos por los niveles de violencia alcanzados, explica Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú “es un hecho muy intimidatorio para los electores y para toda la gente, y es también un mensaje para los políticos por parte del crimen organizado para decirles que quiere imponerse otros seis años más en Tamaulipas”, sostiene el defensor de derechos humanos. En torno a estas elecciones, Ramos recuerda que el abstencionismo en la entidad es de 60 por ciento, producto justamente de los niveles de violencia, de la impunidad con la que actúan los cárteles y de la inacción de los gobiernos municipales y el estatal para enfrentar el problema.
Desde esta perspectiva, no es difícil adelantar que la ausencia de votantes en las urnas será aún más amplia que cuando fueron las elecciones intermedias, para alcaldes y diputados locales, hace tres años, explica. Ramos añade que ha habido y aún persiste un “descontrol del gobierno; no sé por qué se empeñan en hablar de que vivimos en un Estado de derecho cuando las cosas no son así”. Sigue explicando que los tres órdenes de gobierno están rebasados, que no hay forma de suponer o de pensar que el gobierno tiene el control de la situación, en el país y en el estado, donde hay “zonas ingobernables, sobre todo en la Frontera Chica”. El activista se refiere a los municipios de Ciudad Mier, Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, donde los candidatos no quisieron participar en la contienda porque no había condiciones de seguridad para hacer campaña. La zona es controlada por el cártel del Golfo y está en disputa constante con la gente de Los Zetas.

Al candidato a la gubernatura del frente PAN-PRD-PT en Durango, José Rosas Aispuro (al centro), se le señalan supuestos vínculos con El Chapo Guzmán. Foto: Cuartoscuro

—¿Cree que la gente salga este domingo a votar, como lo dicen y lo piden las autoridades, o se quedará en sus casas para evitarse problemas?
—Yo siento que el día de la elección se van a desatar rumores y que la gente preferirá no salir a votar, sobre todo porque no se ha visto mayor presencia de policías y de soldados. Vino el secretario de Gobernación, pero vino solo y no ayudó mucho a mejorar las condiciones de seguridad.
—Hay versiones que señalan que Rodolfo Torre Cantú fue asesinado muy probablemente por problemas o discusiones con los cárteles de la droga allá en Tamaulipas. ¿Qué piensa de esto?
—Creo que el asesinato del candidato es más que nada un mensaje del crimen organizado para el gobierno federal y para el gobierno del estado. Él fue la parte débil de todo esto y creo que deberíamos preguntarnos quién ordenó ese crimen.
Se trató de un asesinato “propagandístico”, para impactar al gobierno del estado y el gobierno federal, añade Ramos, quien señala que hasta el momento Nuevo Laredo está tranquilo, pero que el problema fuerte es de Tampico para arriba, hacia Matamoros y Reynosa. Pese al complicado panorama en la entidad, Raymundo Ramos no ve condiciones como para suspender garantías o decretar estado de excepción en Tamaulipas, “porque eso tampoco sería la solución. Lo que el gobierno federal debería hacer, lo urgente, es que se adopten medidas eficientes y no sólo propagandísticas, mediáticas”, dice.

César Duarte, candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua por el PRI-PVM, durante una caravana de motociclistas en esa ciudad.

“Mire, cuando vienen acá los soldados, los marinos y los federales y se quedan un mes o más, nada más vienen a ver qué pescan, qué encuentran, no vienen ya con la inteligencia para aplicarla o a penetrar a las organizaciones criminales. No hay plan definido de ellos y de hecho no hay confianza entre los estados y la federación, salvo en el momento de hacer los operativos. Cuando las fuerzas federales vienen el gobernador los deja solos y aunque hay operativos conjuntos, le deja todo a la federación. Entonces estamos ante un doble lenguaje muy engañoso, porque la federación no quiere hacer el trabajo que le toca al gobierno estatal, y al final no hay coordinación, no hay inteligencia y no hay confianza. Así estamos”.