Violencia, narcotráfico, pobreza: elecciones amenazadas

LA AMENAZA DE LOS NARCOESTADOS

En Durango se habla de las relaciones del candidato de la alianza PAN-PRD-Convergencia, José Rosas Aispuro con El Chapo Guzmán, quien no hace mucho se casó con Emma Coronel Aispuro, originaria de la región de Las Quebradas, lo mismo que el político. Aiuspuro ha negado cualquier relación familiar con el poderoso narcotraficante.
Pero otros nexos familiares son más difíciles de borrar. De acuerdo a una investigación realizada por el CISEN, el candidato priista a la gubernatura de Culiacán, Jesús Vizcarra, es primo de José Inés Calderón Quintero, narcotraficante abatido en 1998 por la Policía Judicial Federal. A este personaje se le señala como determinante en la prosperidad de los negocios de Vizcarra, incluso a finales del año pasado fue publicada una fotografía en la prensa nacional donde se ve a Vizcarra y a Ismael El Mayo Zambada en una celebración religiosa en un rancho propiedad de Zambada.
Pero más allá de la compra de votos o de la injerencia por parte del crimen organizado mediante recursos financieros en las campañas, existe la posibilidad del surgimiento de verdaderos narcoestados, donde los gobernadores electos estén vinculados estrechamente con el narcotráfico y gobiernen bajo los intereses de su poderío. No se trata de política ficción. Allí está desde siempre el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo recientemente extraditado para ser juzgado en Nueva York por narcotráfico.
Preet Bhara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la parte acusadora del proceso que se le sigue al ex gobernador en una corte federal de Manhattan, afirmó en un comunicado distribuido a la prensa el pasado 10 de mayo que Villanueva “Convirtió al estado de Quintana Roo en un virtual narcoestado, vendiendo su infraestructura y hasta su policía a una de las empresas mafiosas más peligrosas del mundo”.
Greg Sánchez, candidato por la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, fue detenido el pasado 25 de mayo acusado de mantener nexos con los cárteles de los Beltrán Leyva y Los Zetas, de apoyarlos cuando fue presidente municipal en Cancún, en operaciones de tráfico de drogas y tráfico de indocumentados.
Para los demás, las amenazas y las intimidaciones se prodigan. En Hidalgo, Xóchitl Gálvez, candidata a la gubernatura de ese estado por la coalición PAN-PRD, el pasado 10 de junio denunció en conferencia de prensa la desaparición del militante panista Juan José Islas, ocurrida hasta donde se sabe cerca de la sede del PAN en la ciudad de Pachuca. Gálvez habló sobre cómo se ha intimidado a integrantes de su más cercano grupo de trabajo: “Hay amenazas para que dejen el equipo de campaña. Llaman en nombre de supuestos Zetas. Miembros del equipo han sido víctimas de agresiones violentas, por lo que estamos pasando de la inequidad en los medios, que persiste, a inculcar temor en los ciudadanos”, lo que puede provocar que éstos se alejen de las urnas este cuatro de julio.
En Culiacán, Sinaloa, en un lapso de seis días fueron atacadas con bombas molotov las sedes locales del PAN y el PRD, además de la casa de campaña de la alianza Para Ayudar a la Gente, conformada por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza.
Los ataques fueron perpetrados el 12 y el 18 de junio por la madrugada. Después de los primeros hechos las declaraciones no se hicieron esperar: Adolfo Beltrán Corrales, presidente del PAN en Culiacán, afirmó: “Esta agresión no puede venir de otra parte más que de la campaña del candidato a la gubernatura del PRI, Jesús Vizcarra, y de su coalición Para Ayudar a la gente”.
La amenaza del narcoterror esta presente en los comicios de este cuatro de julio. El pasado 20 de mayo en la sede del Congreso, el priista Rubén Moreira alertó en tribuna: “Es urgente y necesario que ante al peligro real al que se enfrentan los candidatos, ante un posible atentado por parte de la delincuencia organizada, el Estado Mexicano garantice su seguridad”.
Una pregunta: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas elecciones como un adelanto de lo que puede ocurrir en 2012? ¿Sobre qué advierten el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y del asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas?

RECURSOS PÚBLICOS, EFICAZ ARMA POLÍTICA

En Oaxaca y Veracruz las denuncias de clientelismo, de uso de recursos públicos para consumar lo que desde ahora la oposición señala como una elección de Estado, además de la llamada “guerra sucia”, han sido ingredientes reiterados en estrategias de campaña por parte de los candidatos del PRI y los gobernadores de esos estados. Quizá la más grave de las acusaciones, la que define el preocupante escenario de estas elecciones en Oaxaca, es la formulada por César Nava, presidente del PAN, el pasado 17 de junio: “Pedimos que la Policía Estatal esté en los cuarteles, que la Policía Federal, la estatal y las municipales acuerden cómo van a patrullar las calles. Lo que dice la experiencia es que la Policía Estatal es un brazo político de Ulises Ruiz, que quiere crear un clima de terror y abstencionismo”.
La “guerra sucia” y el clima de terror dominaron el proceso electoral en Oaxaca, donde se repartieron profusamente volantes con la leyenda “Oaxaca peligra”, con una fotografía al reverso de Gabino Cué, Flavio Sosa y Andrés Manuel López Obrador bajo el titular: “La verdadera alianza...”.
También abundaron las denuncias y videos sobre las Unidades Móviles para el Desarrollo, considerado el principal programa social del gobierno de Oaxaca, que trabajaron a favor de la promoción de Ulises Ruiz, además de proyectar un video preparado para la campaña electoral de Eviel Pérez, candidato del PRI, en las distintas comunidades del estado.
En estas elecciones de Oaxaca, además del gobernador, se eligen 152 presidentes municipales y 42 diputados locales. Gabino Cué, candidato por la alianza PAN-PRD-Convergencia, denunció a finales del pasado mes de mayo: “Lo que veo es una elección de Estado, donde Ulises Ruiz es el verdadero coordinador de la campaña de Eviel, Ulises Ruiz quiere reelegirse”.
La divulgación de grabaciones de llamadas telefónicas en las cuales Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, afirma disponer del “recurso” para inclinar las elecciones favor del PRI y su candidato, Ignacio Duarte Ochoa, desató un nuevo escándalo político. Herrera denunció ante la PGR a César Nava, presidente del PAN, y a Miguel Ángel Yunes, su candidato a la gubernatura de Veracruz, por intervención ilícita de comunicaciones privadas. En conferencia de prensa posterior, Herrera afirmó que los audios presentados sufrieron “alteraciones técnicas” y agregó que hay “manipulación de voces, se ve que (quien habla) es un aficionado a mi voz”, dijo. Pese a ello el gobernador refirió: “Por eso procedí a presentar una denuncia, fundada con sustentos legales, para que se investigue la comisión del posible delito de espionaje telefónico y los que resulten”.
Pero el uso de recursos públicos destinados a programas sociales como eficaz arma política no fue de uso exclusivo de uno u otro partido: El PRD y el PRI han denunciado la participación de delegados de distintas secretarias federales como verdaderos operadores políticos actuando a favor del PAN en las entidades donde se realizan las elecciones. El vicecoordinador del PRD en el Senado dijo que era “clara la utilización de programas sociales como moneda de cambio”.