Monterrey.—
Apenas se fue la Marina y el cobro de piso, las extorsiones y los
secuestros regresaron al norte del Estado, específicamente a los
municipios de Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Bustamante, Lampazos, Vallecillo
y Villaldama.
Este acoso de las bandas criminales, afirmó Imelda Alejandro de la Garza, Diputada local panista por el Distrito 21, que abarca esos municipios, está poniendo en riesgo las actividades de productores de sorgo, trigo y maíz, así como a los ganaderos.
Como ejemplo, la legisladora señaló lo que sucede en Anáhuac tras dos años de relativa calma.
“Desafortunadamente”, dijo, “los delincuentes en Anáhuac antes se peleaban la plaza, pero luego que llegó la Marina, ni madres que iban a agarrarla”.
No obstante, relató, el panorama cambió luego de que las fuerzas federales se fueron hace aproximadamente un mes.
Destacó que la Marina operaba en Anáhuac un centro de inteligencia desde el que combatía a la delincuencia organizada que cruza por las brechas que conectan a ese municipio con Coahuila y Tamaulipas.
Al tener ahí su base, añadió, los marinos hacían rondines en los municipios aledaños, pero se fueron a Veracruz.
“Ese mismo día que se fue (la Marina)”, añadió, “empezaron las extorsiones, secuestros. Intentaron, por ejemplo en Anáhuac, incendiar un depósito y en contra de productores se ha intensificado el robo de ganado y las extorsiones también.
“Tenemos un escenario que no teníamos desde hace dos años en Anáhuac”, señaló.
“Están inhibiendo la producción (ahí). En los otros municipios (del Distrito electoral 21) tampoco está la Marina, y si no regresa pronto va a crecer más fuerte la violencia”.
A mediados de julio pasado, de acuerdo con fuentes oficiales en el Estado y en la Ciudad de México, el Gobernador Rodrigo Medina había solicitado el retiro de la Marina en diferentes ocasiones, lo que en su momento negó el vocero estatal, Jorge Domene, asegurando que la salida era una decisión de la Federación.
A esta situación del norte del Estado se suma otra problemática de la región citrícola, donde los delincuentes que atacan ranchos son liberados por fallas de los Ministerios Públicos en la integración de averiguaciones, según allegados a esos municipios.
Por separado, fuentes del Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León señalaron que esto sucede con delincuentes que cometieron robos a ranchos agrícolas y ganaderos.
Indicaron que, no obstante que esos infractores fueron capturados in fraganti y detenidos por los mismos dueños de ranchos, los jueces los han soltado por fallas en los expedientes que forman la denuncia.
Detallaron que hace unas tres semanas varios representantes del Consejo acudieron con el Procurador estatal, Adrián de la Garza, para evidenciar y reclamar esas fallas.
El funcionario, dijeron, los remitió con el Subprocurador de Ministerios Públicos, Javier Flores Saldívar, que reconoció que los expedientes estuvieron mal integrados.
“Los Ministerios Públicos son quienes no están integrando bien las investigaciones para que los pueda retener el juez. Ése ha sido el problema”, afirmo un allegado al caso.
“Donde está más difícil todo esto es en Allende y otros municipios de la región citrícola”.
Las fuentes indicaron que el Subprocurador se comprometió a apoyar directamente a los productores a integrar bien las denuncias en contra de delincuentes del fuero común y federal.
Este acoso de las bandas criminales, afirmó Imelda Alejandro de la Garza, Diputada local panista por el Distrito 21, que abarca esos municipios, está poniendo en riesgo las actividades de productores de sorgo, trigo y maíz, así como a los ganaderos.
Como ejemplo, la legisladora señaló lo que sucede en Anáhuac tras dos años de relativa calma.
“Desafortunadamente”, dijo, “los delincuentes en Anáhuac antes se peleaban la plaza, pero luego que llegó la Marina, ni madres que iban a agarrarla”.
No obstante, relató, el panorama cambió luego de que las fuerzas federales se fueron hace aproximadamente un mes.
Destacó que la Marina operaba en Anáhuac un centro de inteligencia desde el que combatía a la delincuencia organizada que cruza por las brechas que conectan a ese municipio con Coahuila y Tamaulipas.
Al tener ahí su base, añadió, los marinos hacían rondines en los municipios aledaños, pero se fueron a Veracruz.
“Ese mismo día que se fue (la Marina)”, añadió, “empezaron las extorsiones, secuestros. Intentaron, por ejemplo en Anáhuac, incendiar un depósito y en contra de productores se ha intensificado el robo de ganado y las extorsiones también.
“Tenemos un escenario que no teníamos desde hace dos años en Anáhuac”, señaló.
“Están inhibiendo la producción (ahí). En los otros municipios (del Distrito electoral 21) tampoco está la Marina, y si no regresa pronto va a crecer más fuerte la violencia”.
A mediados de julio pasado, de acuerdo con fuentes oficiales en el Estado y en la Ciudad de México, el Gobernador Rodrigo Medina había solicitado el retiro de la Marina en diferentes ocasiones, lo que en su momento negó el vocero estatal, Jorge Domene, asegurando que la salida era una decisión de la Federación.
A esta situación del norte del Estado se suma otra problemática de la región citrícola, donde los delincuentes que atacan ranchos son liberados por fallas de los Ministerios Públicos en la integración de averiguaciones, según allegados a esos municipios.
Por separado, fuentes del Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León señalaron que esto sucede con delincuentes que cometieron robos a ranchos agrícolas y ganaderos.
Indicaron que, no obstante que esos infractores fueron capturados in fraganti y detenidos por los mismos dueños de ranchos, los jueces los han soltado por fallas en los expedientes que forman la denuncia.
Detallaron que hace unas tres semanas varios representantes del Consejo acudieron con el Procurador estatal, Adrián de la Garza, para evidenciar y reclamar esas fallas.
El funcionario, dijeron, los remitió con el Subprocurador de Ministerios Públicos, Javier Flores Saldívar, que reconoció que los expedientes estuvieron mal integrados.
“Los Ministerios Públicos son quienes no están integrando bien las investigaciones para que los pueda retener el juez. Ése ha sido el problema”, afirmo un allegado al caso.
“Donde está más difícil todo esto es en Allende y otros municipios de la región citrícola”.
Las fuentes indicaron que el Subprocurador se comprometió a apoyar directamente a los productores a integrar bien las denuncias en contra de delincuentes del fuero común y federal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
necesitamos tu opinion