De
acuerdo con una carpeta informativa que registra algunos de los
trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado
mexicano hasta julio de este año, desde el principio de 2014 se detectó
que 12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos
criminales, ya por voluntad propia o debido a actos de coerción de
asociaciones delictivas.
Catalogados como “objetivos de atención especial”, a fin de vigilar
meticulosamente sus actividades cotidianas y sus relaciones —debido a
sus posibles nexos con cárteles del narcotráfico—, ocho presidentes
municipales pertenecen al PRD y cuatro al PRI. Y de los 12, dos ya han
sido capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez
Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.yonarco.com
Y sí, detrás de la mayoría de estos alcaldes, ha habido historias e imputaciones.
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1. Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente municipal del PRD
en Teloloapan, con posibles vínculos con el cártel de La Familia
michoacana.
Sobre este alcalde circuló al inicio de su gestión, en octubre de
2012, un video donde un grupo de criminales de la organización con la
que se le vincula lo secuestra momentáneamente, lo interroga en una
camioneta y lo obliga a comprometerse con el cártel al que se le asocia.
Posteriormente en una Entrevista aceptó que en la zona de su municipio
pudiera haber presencia del narco y trasiego de droga, pero rechazó que
él, a pesar de las amenazas, formara parte del crimen organizado.
2. Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal del PRD en Cuetzala
del Progreso, con posibles vínculos con la el cártel de La Familia
michoacana.
Este hombre fue detenido por la PGR el pasado 8 de abril,
precisamente por supuestos vínculos con el crimen organizado, además del
delito de secuestro. El 17 del mismo mes se le dictó auto de formal
prisión. El perredista sufrió al menos un ataque de un grupo armado
durante su gestión, padeció un secuestro perpetrado por criminales, “por
narcos” que lo amenazaron, según dijo, y advirtió en alguna ocasión que
si los gobiernos estatal y federal no le brindaban protección pediría
licencia.
3. Efraín Peña Damacio, presidente municipal del PRD en Apaxtla de
Castrejón, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Durante una reunión en el Congreso guerrerense con la organización
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el
diputado federal perredista, Marino Miranda Salgado, denunció meses
atrás que el grupo de autodefensa del municipio, autodenominado
Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), encabezado por el
alcalde, está infiltrado por el grupo delictivo Guerreros Unidos. El
diputado afirmó que anteriormente La Familia michoacana dominaba la
zona, hasta que llegaron ahí los de Guerreros Unidos. Según el
legislador, en declaraciones recogidas por la prensa local, la guerra
entre cárteles dejó decenas de muertes, desapariciones, secuestros,
extorsiones y desplazamiento de pobladores a causa de la inseguridad, lo
que llevó a la población del lugar a conformar un grupo de autodefensa
encabezado por su presidente municipal, organización que habría sido
penetrada por criminales.
4. Salomón Majul González, presidente municipal del PRI en Taxco, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
En Taxco, nada más en lo que va del año, han sido descubiertas fosas
con 32 cadáveres, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guerrero. El
año pasado ocurrió algo similar, cuando fueron halladas siete fosas
clandestinas. Aun así, no hay una imputación ministerial que se conozca
contra el edil. Sobre este alcalde son algunos medios guerrerenses los
que han recogido denuncias acerca de sus supuestos vínculos que con
criminales, y la protección que daría, junto con sus policías, a
miembros de Guerreros Unidos. Luego de los hechos de Iguala, y de que
surgieron nuevas imputaciones contra el alcalde, el oficial mayor del
ayuntamiento, Raúl Burgos Ocampo, expresó al diario El Sur de Acapulco
que “el presidente municipal está en la mejor disposición de que se abra
alguna línea de investigación por parte del gobierno federal con
relación a los señalamientos que se han vertido sobre vínculos con la
delincuencia”.
5. José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal del PRD en
Iguala, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Detenido. Su historia es bien conocida a consecuencia de la agresión
contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27
de septiembre pasados.
6.- Eric Fernández Ballesteros, presidente municipal del PRI en
Zihuatanejo, con posibles vínculos con una organización denominada
Granados-Beltrán Leyva.
De acuerdo con informes del gobierno federal, este lugar fue
controlado desde los 90 por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y
posteriormente por una de sus derivaciones, el Cártel Independiente de
Acapulco. La Familia michoacana tuvo presencia ahí y desde hace varios
años también el cártel de Los caballeros templarios, que hasta el año
pasado regenteaba el vecino puerto de Lázaro Cárdenas. En Zihuatanejo
Los templarios no solo extorsionaban a los comerciantes del lugar, sino
que se daban el lujo de clausurar negocios que no les pagaran las cuotas
que les exigían, como plasmaban continuamente los medios locales y
hasta internacionales. A la vista de las autoridades locales, colocaban
sellos de clausura para que los empresarios les pagaran.
Es una zona de constantes ejecuciones que son reportadas en la prensa
regional: es común hallar en los diarios el reporte de asesinatos y
cuerpos torturados y arrojados en la vía pública en diferentes puntos
del municipio. Esto porque desde el año pasado la zona es violentamente
disputada por Los templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En cuanto al grupo delincuencial Los granados, trabajaría tanto para
los hermanos Beltrán Leyva como para el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, a pesar de todo este contexto, no se conoce una imputación directa contra el alcalde priista.
7. Francisco Javier García González, presidente municipal del PRI en
Chilapa de Álvarez, con posibles vínculos con el cártel regional Los
Rojos.
Este alcalde ha sido acusado por algunos líderes de organizaciones
sociales por sus presuntos nexos criminales. El Frente de Defensa
Popular ha asegurado que el alcalde “incluyó en la Policía Rural a
personas de la delincuencia y controla el comercio de drogas y otras
actividades ilícitas que se generan en el municipio”. Así lo dijo en
declaraciones a la prensa local Rodolfo Colorado Huisteco, coordinador
del FDP en la región de La Montaña.
Este presidente municipal también ha sido señalado en videos
reproducidos en medios locales y nacionales por tener vínculos con Los
Rojos, el cártel contrario al de Guerreros Unidos. Y ante una de esas
grabaciones, la más reciente, de julio de este año, el edil reaccionó
con su propio video en You Tube, donde refuta las imputaciones:
“Niego categóricamente cualquier nexo con la delincuencia organizada.
No es la primera vez que se me vincula en este tipo de situaciones. Sin
embargo, yo invito a la ciudadanía a que analice el video, que es un
video que está editado bajo presión (en la grabación el hombre que lo
denuncia está sometido por sicarios armados con fusiles). Yo lo he
comentado con el señor gobernador: le he dicho que si hay alguna persona
que pueda señalarme, lo haga por la vía jurídica. Yo estoy abierto a
cualquier investigación…”.
8. Mario Moreno Arcos, presidente municipal del PRI en Chilpancingo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
El presidente municipal de Chilpancingo sí ha sido objeto de
imputaciones públicas, en particular de un polémico empresario,
Pioquinto Damian Huato, ex líder de la Cámara Nacional de Comercio y ex
secretario de Educación del estado (cuando Ángel Aguirre fue gobernador
interino ante la renuncia de Rubén Figueroa), quien lo acusa de estar
ligado a Los Rojos que operan en la capital guerrerense. Lo califica de
narcoalcalde. El hombre lo acusó hasta de ser el autor del atentado
contra él ocurrido en enero de este año: la camioneta en que viajaba fue
baleada con alrededor de 70 proyectiles, su nuera murió y su hijo
resultó herido.
En entrevista con MILENIO Televisión, el alcalde dijo en aquella
ocasión, la del atentado, que no había ningún elemento contra él:
“Lamento que un señor sin escrúpulos me acuse de manera irresponsable y
afecte el buen nombre de mi familia”, declaró. En ocasiones posteriores
ha rechazado tener vínculos con el crimen organizado y ha repetido que
el empresario miente: “Esa persona miente en todas las afirmaciones que
hace y acusa sin pruebas”.
9. Crescencio Reyes Torres, presidente municipal del PRD en La Unión
de Isidoro Montes de Oca, con posibles vínculos con el cártel de Los
caballeros templarios.
Uno de los acusadores principales de este alcalde es Servando Gómez
Martínez, La Tuta, líder prófugo de Los caballeros templarios: el
delincuente, aparentemente por un pleito con el alcalde, lo liga a otro
cártel, el de Jalisco Nueva Generación, a través del grupo delincuencial
Los Granados que opera en la Costa Grande de Guerrero. Fue en un video
subido en enero de este año a You Tube donde La Tuta dio detalles de su
acusación. En respuesta, en declaraciones a la prensa local, el alcalde
calificó de “totalmente falso” el cargo que le hacía Gómez Martínez.
“Siempre he actuado apegado a la ley y estoy dispuesto a cualquier
investigación que se haga”, dijo.
Desde junio del año pasado tanto el presidente municipal como su
hermano recibieron acusaciones similares de diversos delincuentes. En
ese entonces, Carlos Reyes Torres, hermano del alcalde, a la sazón
dirigente estatal del PRD (también acusado por La Tuta), se deslindó y
exculpó a su hermano de cualquier nexo con la delincuencia. En enero de
este año aceptó que conoce a La Tuta, pero negó algún vínculo criminal
con el líder templario y pidió a la PGR que investigue la razón de las
imputaciones que le hizo el criminal.
10. Mario Alberto Chávez Carbajal, presidente municipal del PRD en
Heliodoro Castillo (Tlacotepec), con posibles vínculos con el cártel
local Los Rojos.
Este alcalde trabaja en una zona que ha sido reportada por la prensa
local como asediada por la violencia criminal. Sin embargo, el
presidente suele negar que en su municipio haya problemas y presencia de
algún grupo del crimen organizado.
No es nueva su actitud: a finales de 2012 desestimó la existencia de
pueblos fantasma debido a la inseguridad y los constantes
enfrentamientos entre grupos criminales. Sin embargo, la violencia fue
tal a principios del año pasado, que todos los policías del lugar
dejaron su trabajo. Después de enfrentamientos con delincuentes, el
pasado 3 de abril se confirmó que los 22 policías preventivos que tenía
el municipio renunciaron, al igual que los 13 agentes de tránsito que
tiene la localidad.
Meses después, en agosto del año pasado, habitantes del municipio
insistieron: en declaraciones al periódico El Sur, representantes de los
Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec señalaron que su municipio
tenía “serios problemas de inseguridad” y que la población estaba
huyendo por la violencia del crimen organizado. El apoderado legal del
núcleo agrario, Jorge Nava Guevara, dijo que, por temor, los desplazados
de Tlacotepec se movían “en silencio” a otras zonas y que tal
“discreción” la aprovechaba el alcalde “para deslindarse de los
conflictos de violencia en la sierra”. Los habitantes de la zona también
denunciaron que el crimen organizado hacía cobro de “impuestos”, pero
el alcalde rechazaba que existieran tales extorsiones: aseguró que el
problema del municipio es que colinda con poblaciones de otros
ayuntamientos afectados por la delincuencia organizada.
A pesar de esas declaraciones del alcalde, hubo otro momento en que
sí tuvo que aceptar que se vivía una situación de emergencia en su
municipio. Fue en septiembre del año pasado, cuando más de 800
habitantes de la zona serrana huyeron de sus hogares, para evitar
agresiones de grupos armados. Ahí sí, el presidente municipal explicó
que los pobladores se desplazaron a la cabecera municipal de Tlacotepec
en espera de que el Ejército mexicano subiera a esa zona para brindar
seguridad a la gente.
Sin embargo, a pesar del contexto de violencia e inseguridad no se
conoce una imputación directa contra el presidente municipal.
11. Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, presidente municipal del PRD en
Leonardo Bravo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
La situación de inseguridad por la presencia del crimen organizado ha
sido tal en la zona serrana de este municipio que en octubre pasado
pobladores detuvieron durante treinta horas al alcalde, a Misael Medrano
Baza, subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, y a
Tomás Hernández Martínez, comandante de la Policía Estatal. Los
liberaron cuando se comprometieron por escrito a solicitar la presencia
permanente de las fuerzas castrenses en el lugar.
Sin embargo, no hay denuncia pública conocida contra el alcalde.
12. Rey Hilario Serrano, presidente municipal del PRD en Coyuca de
Catalán, con posibles vínculos con el cártel de Los caballeros
templarios.
Sobre este municipio, desde hace años hay reportes de los cuerpos de
seguridad del gobierno federal que lo identifican como territorio de los
hermanos Beltrán Leyva, y en la prensa local es usual hallar
información sobre casos de secuestrados, ejecutados, masacres (hasta de
16 personas), enfrentamientos entre diferentes grupos armados, y
desplazados por amenazas de narcotraficantes, pero no hay imputación
directa que se conozca contra el alcalde.
Claves
Lo que dijo Aguirre
- El pasado 7 de octubre, el entonces gobernador en funciones, Ángel
Aguirre, anunció que los 81 presidentes municipales y sus respectivas
policías serían investigados a fondo y las conclusiones enviadas al
presidente Enrique Peña.
- “Sabemos de la infiltración de la delincuencia en varios
municipios. Desde ahora estamos exigiendo que, con el apoyo del gobierno
federal, en aquellos casos que logremos acreditar que hay policías como
en Iguala podamos actuar pronto y de manera resuelta”, dijo el ahora
mandatario local con licencia.