La pelea más sangrienta se desarrolló en Chihuahua, Durango y Sinaloa
contra los Carrillo Fuentes, por el control de Ciudad Juárez y por
traiciones.
Joaquín
El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, líderes del cártel de Sinaloa
o del Pacífico, son los responsables de 67 por ciento de homicidios
relacionados con el crimen organizado que se registraron en los primeros
cuatro años del sexenio de Felipe Calderón, debido a la expansión de su
organización criminal.
Un documento del gobierno federal de entonces denominado “Información
sobre el fenómeno delictivo en México”, detalla que durante los primeros
cuatro años de la administración de Felipe Calderón se documentaron 28
mil 353 asesinatos ligados al crimen organizado.
De ese universo, 22 mil 701 tuvieron su origen en siete conflictos,
cuatro de ellos en los que estuvo relacionado el cártel de Sinaloa.
Los homicidios, que se contabilizaron del 1 de diciembre de 2006 al 31
de julio de 2010 (y que se ofrecieron por última vez en 2010, a través
de la página electrónica de la Secretaría de Gobernación), se
concentraron en 162 municipios de los 2 mil 456 de la República
mexicana.
La pelea más sangrienta se desarrolló en Chihuahua, Durango y partes de
Sinaloa, donde las células de los capos sinaloenses se enfrentaron con
el cártel de Juárez, que encabeza Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy,
producto de antiguas rivalidades y traiciones familiares, y por el
control de Ciudad Juárez, el puerto de salida de droga más estratégico
hacia Estados Unidos.
En el sexenio calderonista se reconocieron siete conflictos; en cuatro
estaba involucrado el cártel de Sinaloa: contra Juárez, contra los
Beltrán Leyva, contra Golfo-Zetas y contra los Arellano Félix.
Las otras tres peleas eran La Familia michoacana contra Golfo-Zetas; Golfo contra Zetas y La Familia contra los Beltrán Leyva.
Hasta julio de 2010, la administración pasada reportó 8 mil 236
homicidios (36 por ciento) a raíz del conflicto entre los cárteles de
Sinaloa y Juárez; Sinaloa contra Beltrán Leyva, 5 mil 864 asesinatos (26
por ciento); Sinaloa contra Golfo-Zetas, 3 mil 199 homicidios (14 por
ciento) y Sinaloa contra los Arellano Félix, mil 798 homicidios (8 por
ciento).
La disputa entre La Familia con el Golfo y los Zetas generó mil 744
muertes (8 por ciento); la fractura entre el Golfo y Zetas dejó mil 328
homicidios (6 por ciento) y la guerra entre La Familia y los Beltrán
Leyva 56 bajas (0.2 por ciento). En ese periodo no se habían determinado
476 muertes (1.8 por ciento).
La guerra entre el cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva tuvo su origen
en el encarcelamiento, en 2008, de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el
hermano menor de los capos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, El Barbas y
El H, respectivamente. La captura generó la pérdida de confianza y una
espiral de violencia en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y partes de
Jalisco y Guerrero.
Hasta ese año, las organizaciones criminales más grandes del país eran
Sinaloa y el cártel del Golfo-Zetas (esta última que se escindiría
después), quienes disputaban varios territorios desde antes del comienzo
del pasado sexenio.
Luchaban por Durango, Coahuila y Sinaloa (donde cruzan las rutas de
trasiego hacia el norte) al igual que por Guerrero, Tabasco, Quintana
Roo y el sur de Chiapas (lugares por donde ingresa la droga desde
Sudamérica).
Otro conflicto que surgió en la década de los 90 y continúa hasta la
fecha es porque el cártel de los Arellano Félix se dividió en dos
facciones: una aliada con El Chapo Guzmán y otra leal a los Arellano.
La confrontación entre La Familia y el cártel del Golfo-Zetas se anunció
en 2006 con cinco cabezas arrojadas en un centro nocturno de Uruapan,
Michoacán, y en noviembre del mismo año con un desplegado público. La
disputa se desplazó a los estados de México, Guerrero y Guanajuato.
“NO HAY QUE PRESIONAR A PGR”
Senadores de PRI y PAN avalaron que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,
pueda ser extraditado a Estados Unidos para que allá se investigue la
red de narcotráfico que empieza en México y prosigue en ese país, aunque
pidieron que no se presione al procurador, Jesús Murillo Karam, y sea
éste quien tome la decisión que mejor considere.
El priista Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad,
dijo que la extradición es una posibilidad, pero habrá que dejar que el
procurador Jesús Murillo tome una decisión sin presiones, sobre todo
cuando se logró una captura con un trabajo muy cuidadoso, que demuestra
que la estrategia anticrimen de este gobierno sí funciona, y rechazó que
la captura de Guzmán se trate de un asunto mediático.
En tanto, el panista y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto
Gil, dijo que la extradición “sería un paso importante porque con ello
Estados Unidos podría obtener información sobre el destino final de la
droga y de los cargamentos que El Chapo trasladaba”, aunque en principio
tiene que ser juzgado en México.