Reportan 21 muertos en Sonora por choque entre narcos

Tras el enfrentamiento se dio en una zona rural cercana a la frontera con EU.

• La disputa ocurrió a unos 20 kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos

El choque fue entre dos grupos de presuntos traficantes de drogas e indocumentados, señala Procuraduría

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUL/2010).-  El enfrentamiento entre dos grupos delictivos en las inmediaciones del municipio de Tubutama, en Sonora, dejó un saldo de 21 personas muertas y seis más lesionadas, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

En conferencia de prensa, el vocero de la procuraduría estatal, José Larrinaga Talamante, indicó asimismo que hay nueve integrantes de los grupos de traficantes de drogas e indocumentados detenidos y de ellos seis están lesionados. 

Aseguró que no hay civiles heridos por este choque a balazos que se presentó esta mañana en una zona rural en las inmediaciones de los municipios de Tubutama y Sáric, a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, al noroeste de Sonora.

Ultiman a jefes policiacos en Hidalgo; ayer, 27 ejecutados

Carlos Páramo, inspector del Cereso estatal en Chihuahua, fue acribillado dentro de su automovil. Foto: Especial

Un grupo de presuntos integrantes de los Zetas ejecutó ayer por la noche al titular de Seguridad Pública y al subdirector de Seguridad del municipio de Actopan, Hidalgo, confirmaron autoridades.
El ataque contra Raymundo Apatiga e Isaías Pérez ocurrió en una comunidad denominada La Estancia, que se localiza a tres kilómetros de la cabecera municipal.
En un reporte preliminar, funcionarios oficiales indicaron que los jefes policiacos fueron arrojados a una barranca que se encuentra cerca del panteón municipal.
Tras reportar la agresión, personal militar, así como agentes municipales, estatales y federales se apersonaron en el lugar para resguardar la zona.
Los militares han instalado varios retenes en las salidas del municipio que se encuentra a unos 30 minutos de la capital hidalguense.
La jornada de violencia dejó ayer un total de 27 ejecutados en siete estados del país.
Los cadáveres de dos policías investigadores de Jalisco, que habían sido levantados dos días antes, fueron hallados ayer por la mañana en la colonia Santa Paula, de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara.
Los cuerpos de los agentes Raquel Guzmán Frauste y Armando Vallarta Gutiérrez, del área de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, fueron decapitados y mutilados; los restos fueron envueltos en seis bolsas de plástico que quedaron abandonadas afuera de un restaurante en remodelación ubicado a un costado de la carretera libre a Zapotlanejo.
Los primeros en llegar al lugar fueron policías municipales de Tonalá, quienes hallaron las bolsas y, en una de ellas, una cartulina con un mensaje del que no se reveló el contenido.
Pero fue en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, donde la violencia cobró el mayor número de víctimas, entre ellas el inspector del Cereso estatal, Carlos Páramo Ambrosio, quien fue ejecutado a bordo de su vehículo Nissan Platina, color guinda, cuando circulaba por calles del fraccionamiento Hacienda de las Torres.
Los agentes ministeriales lo hallaron con múltiples impactos de bala en el cuerpo y en la cabeza.
Además, ocho sujetos fueron ultimados en dos sucesos por separado. El primer asesinato cuádruple tuvo lugar en Julio Cazares y Valentín Fuentes, donde incluso perdió la vida un anciano de 90 años de edad, y la segunda ejecución múltiple se cometió en la colonia Kilómetro 20.
Otras cuatro ejecuciones se cometieron por separado en esta frontera, mientras que dos más ocurrieron en Chihuahua capital, donde también un comando armado levantó a José Manuel Scott González, comandante de custodios del penal Aquiles Serdán, de San Guillermo.
Mientras tanto, en Sinaloa, cuatro personas fueron ejecutadas en distintos hechos de rifle AK-47.
En el Estado de México fueron descubiertos los cuerpos sin vida de dos hombres con el tiro de gracia.
En Morelos, el cártel del Pacífico Sur se adjudicó la muerte de un hombre que fue encontrado sobre la carretera con un mensaje del grupo delictivo pintado en su espalda.
Finalmente, en Tijuana, fue encontrado el cuerpo de una mujer con un tiro en la cabeza.
Cinco desaparecidos
El presidente municipal de Tuxpan, Santiago Blanco Nateras, solicitó formalmente el apoyo del gobierno de Michoacán para localizar al subdirector de policía y cuatro elementos que al mediodía del pasado miércoles fueron detenidos presuntamente por un grupo de policías federales.
Explicó que el pasado miércoles, el mando Esteban Ulises Ávalos García, y los policías Adolfo Hernández León, Juventino Ramírez Posadas, Raymundo Mejía Reséndez y David Rocha Rivas, en dos patrullas de la corporación, portando sus armas de cargo, realizaban un traslado de muebles por la carretera a Zitácuaro, cuando fueron interceptados entre San Felipe de los Alzati y Curungueo.

Temen migrantes ataques de Zetas

"No son asesinos y vienen sufriendo desde su país"

El sacerdote Sergio Guevara Lenarduzzi, responsable de la Casa del Migrante de Tultitlán, expresó sus temores de que haya sido el grupo de "Los Zetas" quienes atacaron el inmueble el viernes cuando intentaron llevarse por la fuerza a centroamericanos y además encañonaron a vecinos de la colonia Lechería.
Fundó sus sospechas en el hecho de que los agresores, que venían armados y encapuchados, llegaron en varias camionetas sin logotipos oficiales, algunas con placas del Estado de México y otras sin matrícula, e ingresaron a las instalaciones del Albergue San Juan Diego Cuauhtlatoatzin de Lechería, en la Diócesis de Cuautitlán.
Dijo haber sido informado por la PGR vía Internet que no hubo operativo, “la verdad es que ni siquiera saben nada, yo tengo que ir a que me lo digan oficialmente.
“Venían vestidos como policías federales, tenemos el video y todo, venían vestidos, entonces cómo saber si lo son. Yo voy a presentar la denuncia al Ministerio Público Federal diciendo que hay un video, pero no traían una patrulla”.
El eclesiástico narró que los supuestos federales ingresaron por la fuerza y sacaron a más de 30 muchachos migrantes, “los golpearon, los arrastraron y se los llevaron”.
Informó que desde el día de los hechos, llegaron seis visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a realizar una investigación, en tanto que en la denuncia que presentarán al MP Federal integrarán 25 testimonios de los centroamericanos y mexicanos que vivieron la agresión.
Sostuvo que son gente indefensa y llegan asustados, cansados y hambrientos: “no son asesinos, vienen sufriendo desde su país, hondureños o salvadoreños”.
Lo único que hacen es protegerlos, desde que vienen de Chiapas: “los cuidamos llegan muy heridos, ahorita tenemos cinco muy golpeadísimos que fueron lesionados en su viaje; a uno le sacaron un ojo, y los llevamos al Hospital Juárez para su atención”.
La iglesia católica tiene una pastoral social que atiende 43 casas de atención a migrantes, que pertenecen a la Conferencia del Episcopado Mexicano: “tenemos a más de 100 muchachos, llegan y se quedan aquí por 24 horas mínimo o 48 horas si llegan heridos”.

Violencia, narcotráfico, pobreza: elecciones amenazadas

LA AMENAZA DE LOS NARCOESTADOS

En Durango se habla de las relaciones del candidato de la alianza PAN-PRD-Convergencia, José Rosas Aispuro con El Chapo Guzmán, quien no hace mucho se casó con Emma Coronel Aispuro, originaria de la región de Las Quebradas, lo mismo que el político. Aiuspuro ha negado cualquier relación familiar con el poderoso narcotraficante.
Pero otros nexos familiares son más difíciles de borrar. De acuerdo a una investigación realizada por el CISEN, el candidato priista a la gubernatura de Culiacán, Jesús Vizcarra, es primo de José Inés Calderón Quintero, narcotraficante abatido en 1998 por la Policía Judicial Federal. A este personaje se le señala como determinante en la prosperidad de los negocios de Vizcarra, incluso a finales del año pasado fue publicada una fotografía en la prensa nacional donde se ve a Vizcarra y a Ismael El Mayo Zambada en una celebración religiosa en un rancho propiedad de Zambada.
Pero más allá de la compra de votos o de la injerencia por parte del crimen organizado mediante recursos financieros en las campañas, existe la posibilidad del surgimiento de verdaderos narcoestados, donde los gobernadores electos estén vinculados estrechamente con el narcotráfico y gobiernen bajo los intereses de su poderío. No se trata de política ficción. Allí está desde siempre el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo recientemente extraditado para ser juzgado en Nueva York por narcotráfico.
Preet Bhara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la parte acusadora del proceso que se le sigue al ex gobernador en una corte federal de Manhattan, afirmó en un comunicado distribuido a la prensa el pasado 10 de mayo que Villanueva “Convirtió al estado de Quintana Roo en un virtual narcoestado, vendiendo su infraestructura y hasta su policía a una de las empresas mafiosas más peligrosas del mundo”.
Greg Sánchez, candidato por la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, fue detenido el pasado 25 de mayo acusado de mantener nexos con los cárteles de los Beltrán Leyva y Los Zetas, de apoyarlos cuando fue presidente municipal en Cancún, en operaciones de tráfico de drogas y tráfico de indocumentados.
Para los demás, las amenazas y las intimidaciones se prodigan. En Hidalgo, Xóchitl Gálvez, candidata a la gubernatura de ese estado por la coalición PAN-PRD, el pasado 10 de junio denunció en conferencia de prensa la desaparición del militante panista Juan José Islas, ocurrida hasta donde se sabe cerca de la sede del PAN en la ciudad de Pachuca. Gálvez habló sobre cómo se ha intimidado a integrantes de su más cercano grupo de trabajo: “Hay amenazas para que dejen el equipo de campaña. Llaman en nombre de supuestos Zetas. Miembros del equipo han sido víctimas de agresiones violentas, por lo que estamos pasando de la inequidad en los medios, que persiste, a inculcar temor en los ciudadanos”, lo que puede provocar que éstos se alejen de las urnas este cuatro de julio.
En Culiacán, Sinaloa, en un lapso de seis días fueron atacadas con bombas molotov las sedes locales del PAN y el PRD, además de la casa de campaña de la alianza Para Ayudar a la Gente, conformada por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza.
Los ataques fueron perpetrados el 12 y el 18 de junio por la madrugada. Después de los primeros hechos las declaraciones no se hicieron esperar: Adolfo Beltrán Corrales, presidente del PAN en Culiacán, afirmó: “Esta agresión no puede venir de otra parte más que de la campaña del candidato a la gubernatura del PRI, Jesús Vizcarra, y de su coalición Para Ayudar a la gente”.
La amenaza del narcoterror esta presente en los comicios de este cuatro de julio. El pasado 20 de mayo en la sede del Congreso, el priista Rubén Moreira alertó en tribuna: “Es urgente y necesario que ante al peligro real al que se enfrentan los candidatos, ante un posible atentado por parte de la delincuencia organizada, el Estado Mexicano garantice su seguridad”.
Una pregunta: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas elecciones como un adelanto de lo que puede ocurrir en 2012? ¿Sobre qué advierten el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y del asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas?

RECURSOS PÚBLICOS, EFICAZ ARMA POLÍTICA

En Oaxaca y Veracruz las denuncias de clientelismo, de uso de recursos públicos para consumar lo que desde ahora la oposición señala como una elección de Estado, además de la llamada “guerra sucia”, han sido ingredientes reiterados en estrategias de campaña por parte de los candidatos del PRI y los gobernadores de esos estados. Quizá la más grave de las acusaciones, la que define el preocupante escenario de estas elecciones en Oaxaca, es la formulada por César Nava, presidente del PAN, el pasado 17 de junio: “Pedimos que la Policía Estatal esté en los cuarteles, que la Policía Federal, la estatal y las municipales acuerden cómo van a patrullar las calles. Lo que dice la experiencia es que la Policía Estatal es un brazo político de Ulises Ruiz, que quiere crear un clima de terror y abstencionismo”.
La “guerra sucia” y el clima de terror dominaron el proceso electoral en Oaxaca, donde se repartieron profusamente volantes con la leyenda “Oaxaca peligra”, con una fotografía al reverso de Gabino Cué, Flavio Sosa y Andrés Manuel López Obrador bajo el titular: “La verdadera alianza...”.
También abundaron las denuncias y videos sobre las Unidades Móviles para el Desarrollo, considerado el principal programa social del gobierno de Oaxaca, que trabajaron a favor de la promoción de Ulises Ruiz, además de proyectar un video preparado para la campaña electoral de Eviel Pérez, candidato del PRI, en las distintas comunidades del estado.
En estas elecciones de Oaxaca, además del gobernador, se eligen 152 presidentes municipales y 42 diputados locales. Gabino Cué, candidato por la alianza PAN-PRD-Convergencia, denunció a finales del pasado mes de mayo: “Lo que veo es una elección de Estado, donde Ulises Ruiz es el verdadero coordinador de la campaña de Eviel, Ulises Ruiz quiere reelegirse”.
La divulgación de grabaciones de llamadas telefónicas en las cuales Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, afirma disponer del “recurso” para inclinar las elecciones favor del PRI y su candidato, Ignacio Duarte Ochoa, desató un nuevo escándalo político. Herrera denunció ante la PGR a César Nava, presidente del PAN, y a Miguel Ángel Yunes, su candidato a la gubernatura de Veracruz, por intervención ilícita de comunicaciones privadas. En conferencia de prensa posterior, Herrera afirmó que los audios presentados sufrieron “alteraciones técnicas” y agregó que hay “manipulación de voces, se ve que (quien habla) es un aficionado a mi voz”, dijo. Pese a ello el gobernador refirió: “Por eso procedí a presentar una denuncia, fundada con sustentos legales, para que se investigue la comisión del posible delito de espionaje telefónico y los que resulten”.
Pero el uso de recursos públicos destinados a programas sociales como eficaz arma política no fue de uso exclusivo de uno u otro partido: El PRD y el PRI han denunciado la participación de delegados de distintas secretarias federales como verdaderos operadores políticos actuando a favor del PAN en las entidades donde se realizan las elecciones. El vicecoordinador del PRD en el Senado dijo que era “clara la utilización de programas sociales como moneda de cambio”.

Tamaulipas, el Estado fallido

Con el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el crimen organizado no solo escaló de manera inusitada los niveles de violencia registrados en el país en el actual sexenio. También rebasó sus propios límites en su relación con el poder político y económico, con el cual hasta hoy había convivido por décadas, en una entidad de las más penetradas por el narco y con una de las elecciones para gobernador más dramáticas de su historia reciente.
Formada por 43 municipios con más de tres millones de habitantes, Tamaulipas vive la ruptura del Estado de derecho como consecuencia de la acción del crimen organizado que durante décadas creció erosionando las estructuras políticas, policíacas y de procuración de justicia, viéndose la entidad convertida así en plataforma para la expansión de los cárteles de la droga. Jefes y operadores de cártel del Golfo, de Los Zetas y ahora de La Familia Michoacana partieron al estado, lo dividieron y han logrado pulverizar la capacidad de respuesta del gobierno estatal, borrando a los municipales y exhibiendo al gobierno federal y a sus instancias de inteligencia civil policiaca y militar con el asesinato de Torre Cantú.
Para especialistas en temas de seguridad como Adolfo Miranda, presidente del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), las bandas criminales aliadas con los cárteles de la droga “han perdido la proporción y los límites de lo que hacen; de traficantes de mercancía ilegal pasaron a ser narcotraficantes, escalaron posiciones, se coludieron con la fuerzas pública y con grupos políticos y fueron rebasando todos los límites”. Miranda explica que esta relación se tradujo en el desgaste de los cuerpos de seguridad y en el posicionamiento de los narcotraficantes en zonas sin ningún tipo de control de los gobiernos de Tamaulipas, “una región en la que prácticamente está desapareciendo el Estado de derecho”.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú y de los integrantes de su equipo de campaña representa una escalada del crimen organizado, señala el experto en seguridad. “Esto va en aumento, porque la delincuencia organizada va elevando el perfil de sus objetivos; de presidentes municipales, directores de seguridad y comandantes de policía pasa ahora a enfrentarse con la cabeza de la vida institucional del estado”. Esta escalada tiene un claro mensaje político y revela “una grave crisis de las instituciones a nivel nacional, no sólo estatal”. Miranda advierte que hay zonas del país que carecen de una vida institucional sana, como en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos: de manera especial El Triángulo dorado de Chihuahua y Durango y su comunicación hacia el Pacífico vía Sinaloa.

Egidio Torre Cantú, hermano de Rodolfo, candidato asesinado en Tamaulipas, tomó el lugar del fallecido como aspirante a la gubernatura.

RETO AL ESTADO DÉBIL

Raúl Benítez Manaut, investigador y catedrático de la UNAM especializado en temas de seguridad nacional, señala que el crimen contra Rodolfo Torre “es una maniobra muy audaz” por parte de grupos de la delincuencia organizada, aunque rechaza que pueda hablarse tan pronto de una escalada de violencia a raíz del asesinato. Piensa que anunciarlo así sería muy prematuro, sobre todo porque las elecciones son este domingo cuatro de julio; lo que no duda en señalar es que se trata de “una demostración de poder” por parte de la delincuencia, “un desafío a los políticos”. En cuanto al papel del gobierno estatal y de los municipales en Tamaulipas, el sociólogo y también maestro y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Armada de México señala que “están totalmente rebasados por estos hechos, incluyendo al gobierno federal”. Manaut recuerda que en Tamaulipas la rivalidad es entre el cártel del Golfo y Los Zetas, similar a la que se generó en el cártel de Sinaloa por las fracturas con los Beltrán Leyva. En todo caso, el ataque contra el priista Torre Cantú es un mensaje directo a la clase política no sólo en ese estado, sino en el resto del país, para advertirle con quién sí y con quién no debe estar, considera Manaut.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú se da en un momento de quiebre de las instituciones de justicia, con ecos en el ámbito de la administración pública de Tamaulipas. De sus 43 municipios, siete concentran a casi 75 por ciento de sus poco más de tres millones de habitantes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaba en 2005 a los municipios de Reynosa (526 mil 888 habitantes), Matamoros (462 mil 157), Nuevo Laredo (355 mil 827), Tampico (303 mil 924), Victoria (293 mil 044), Ciudad Madero (193 mil 045) y Altamira (162 mil 628) como los más poblados. Son también los de mayor actividad e impacto del narcotráfico. En ellos se asientan y operan los líderes de los cárteles del Golfo, de Los Zetas y de las escisiones que la primera organización ha tenido en los últimos seis años: datos de la PGR obtenidos mediante la Ley Federal de Acceso a Información señalaban en 2009 que Tamaulipas se ubicaba como una de las cinco entidades con mayor desfase en la procuración de justicia. Los datos entregados por la PGR indicaban que en la entidad habían sido detenidas el año pasado tres mil 580 personas por presuntos nexos con la delincuencia organizada. De esa cantidad fueron liberadas dos mil 83 y consignadas ante el Ministerio Público mil 418. Al final, sólo se obtuvieron sentencias condenatorias contra 616 personas, es decir, la sexta parte de los originalmente detenidos.

El 29 de junio se reunieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dirigentes y gobernadores del PRI para despedir a su candidato muerto en una emboscada.

MIEDO Y DESGOBIERNO

Las elecciones a gobernador de este domingo cuatro de julio, con Egidio Torre Cantú, hermano del candidato priista asesinado el lunes, como abanderado emergente para el proceso electoral, se darán en medio del miedo de los tamaulipecos por los niveles de violencia alcanzados, explica Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú “es un hecho muy intimidatorio para los electores y para toda la gente, y es también un mensaje para los políticos por parte del crimen organizado para decirles que quiere imponerse otros seis años más en Tamaulipas”, sostiene el defensor de derechos humanos. En torno a estas elecciones, Ramos recuerda que el abstencionismo en la entidad es de 60 por ciento, producto justamente de los niveles de violencia, de la impunidad con la que actúan los cárteles y de la inacción de los gobiernos municipales y el estatal para enfrentar el problema.
Desde esta perspectiva, no es difícil adelantar que la ausencia de votantes en las urnas será aún más amplia que cuando fueron las elecciones intermedias, para alcaldes y diputados locales, hace tres años, explica. Ramos añade que ha habido y aún persiste un “descontrol del gobierno; no sé por qué se empeñan en hablar de que vivimos en un Estado de derecho cuando las cosas no son así”. Sigue explicando que los tres órdenes de gobierno están rebasados, que no hay forma de suponer o de pensar que el gobierno tiene el control de la situación, en el país y en el estado, donde hay “zonas ingobernables, sobre todo en la Frontera Chica”. El activista se refiere a los municipios de Ciudad Mier, Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, donde los candidatos no quisieron participar en la contienda porque no había condiciones de seguridad para hacer campaña. La zona es controlada por el cártel del Golfo y está en disputa constante con la gente de Los Zetas.

Al candidato a la gubernatura del frente PAN-PRD-PT en Durango, José Rosas Aispuro (al centro), se le señalan supuestos vínculos con El Chapo Guzmán. Foto: Cuartoscuro

—¿Cree que la gente salga este domingo a votar, como lo dicen y lo piden las autoridades, o se quedará en sus casas para evitarse problemas?
—Yo siento que el día de la elección se van a desatar rumores y que la gente preferirá no salir a votar, sobre todo porque no se ha visto mayor presencia de policías y de soldados. Vino el secretario de Gobernación, pero vino solo y no ayudó mucho a mejorar las condiciones de seguridad.
—Hay versiones que señalan que Rodolfo Torre Cantú fue asesinado muy probablemente por problemas o discusiones con los cárteles de la droga allá en Tamaulipas. ¿Qué piensa de esto?
—Creo que el asesinato del candidato es más que nada un mensaje del crimen organizado para el gobierno federal y para el gobierno del estado. Él fue la parte débil de todo esto y creo que deberíamos preguntarnos quién ordenó ese crimen.
Se trató de un asesinato “propagandístico”, para impactar al gobierno del estado y el gobierno federal, añade Ramos, quien señala que hasta el momento Nuevo Laredo está tranquilo, pero que el problema fuerte es de Tampico para arriba, hacia Matamoros y Reynosa. Pese al complicado panorama en la entidad, Raymundo Ramos no ve condiciones como para suspender garantías o decretar estado de excepción en Tamaulipas, “porque eso tampoco sería la solución. Lo que el gobierno federal debería hacer, lo urgente, es que se adopten medidas eficientes y no sólo propagandísticas, mediáticas”, dice.

César Duarte, candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua por el PRI-PVM, durante una caravana de motociclistas en esa ciudad.

“Mire, cuando vienen acá los soldados, los marinos y los federales y se quedan un mes o más, nada más vienen a ver qué pescan, qué encuentran, no vienen ya con la inteligencia para aplicarla o a penetrar a las organizaciones criminales. No hay plan definido de ellos y de hecho no hay confianza entre los estados y la federación, salvo en el momento de hacer los operativos. Cuando las fuerzas federales vienen el gobernador los deja solos y aunque hay operativos conjuntos, le deja todo a la federación. Entonces estamos ante un doble lenguaje muy engañoso, porque la federación no quiere hacer el trabajo que le toca al gobierno estatal, y al final no hay coordinación, no hay inteligencia y no hay confianza. Así estamos”.

Cuida sicario a gobernador

El sicario del ‘Cártel del Golfo’, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como elemento clave de este cártel (Fotos: Agencia Reforma)

Cuida sicario a gobernador

Distrito Federal— Un sicario del ‘Cártel del Golfo’, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como elemento clave de este cártel cuando aún operaban con ‘Los Zetas’, infiltró la escolta del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, confirmaron fuentes oficiales estadounidenses y mexicanas. El personaje, de nombre Ismael Marino Ortega Galicia, quien nació el 31 de mayo de 1974, es considerado uno de los miembros más peligrosos de los cárteles del narcotráfico, según documentos oficiales del Tesoro de aquel país. Según fuentes de Inteligencia de Estados Unidos y México, el presunto sicario trabaja en el grupo de escoltas del círculo cercano del gobernador tamaulipeco. Ortega Galicia aparece en una fotografía como parte del cerco de seguridad de Hernández. La gráfica corresponde al arranque del operativo “Semana Mayor, Campaña Conjunta de Prevención”, en el que participó también el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. La imagen fue captada el sábado 27 de marzo pasado en la guardarraya de la carretera federal, en el kilómetro 31 de la autopista Reynosa-Monterrey, justo en el punto que divide a ambas entidades. Ortega Galicia forma parte de una lista de 54 sujetos peligrosos pertenecientes al ‘Cártel del Golfo’ y ‘Los Zetas’ dada a conocer hace tres meses por el Gobierno estadounidense, ofreciéndose 5 millones de dólares de recompensa para quien aporte datos para su localización y captura. La lista había sido revisada durante la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos, celebrada en la Ciudad de México el 20 de marzo, esto es, una semana antes del evento en el que el presunto sicario participó custodiando al gobernador tamaulipeco. Para entonces, la confrontación entre ambos grupos criminales por el control de las plazas, el narcomenudeo y diversas actividades criminales estaba en uno de sus puntos más álgidos en los municipios ubicados en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, así como en las carreteras que unen a Monterrey con la frontera. Incluso, el operativo que arrancaron los gobernadores Hernández y Medina fue para dar a los ciudadanos una señal de confianza para transitar por la zona en Semana Santa sin temor a ser víctimas de los cárteles. El mismo sujeto había sido también señalado por el Gobierno mexicano en el 2003. El 19 de junio de ese año, la PGR distribuyó una lista de policías relacionados con los Zetas en la que se incluía el nombre del entonces policía de tránsito Ortega Galicia. El Cártel del Golfo sostiene hoy una alianza con el Cártel de Sinaloa, de “El Chapo” Guzmán, y pelea contra los Zetas, que antes eran sus aliados y brazo armado. Este grupo –también conocido como “La Última Letra”– se ha aliado a su vez con el Cártel de los Beltrán. Sobre los 54 personajes perseguidos, incluido Ortega Galicia, se decretó la congelación de sus bienes y la prohibición de hacer negocios en Estados Unidos. En su reporte, el Departamento del Tesoro ubica la dirección de Ortega Galicia en la Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Colonia San Gabriel Chilac, Puebla, y también en Calle Sagitario y Láctea No. 3085, Colonia Las Palmas, entre Láctea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con la CURP OEGI740531HPLRLS07 y el RFC OEGI740531. Su credencial de elector tiene el registro ORGLIS740531121H100. Dice Hernández que PGR exoneró a escolta Mientras, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dijo que tienen información de que su escolta, quien fue identificado por el Departamento de Estado de EU como elemento del Cártel del Golfo o de los Zetas, fue exonerado por la Procuraduría General de la República (PGR). “En un momento más tendremos ya una información en donde esta persona había sido ya absuelta por la Procuraduría General de la República. Estamos tranquilos, no hay nada de qué avergonzarnos, esta persona fue debidamente nombrada por su capacitación”, dijo Hernández Flores. En entrevista, al término de la reunión del Consejo de Protección Civil, Hernández Flores aseguró que la escolta por voluntad propia se ha presentado ante la PGR para que se le informe de qué está acusado. Por otro lado, el procurador de Tamaulipas, Jaime Rodríguez, aseguró que hizo cuatro veces la petición de los antecedentes de la escolta a la PGR y en las cuatro se le aseguró que no había delitos a perseguir. “Fue a petición de esta misma persona que se cruzaron sus antecedentes, siendo el resultado negativo”, dijo Rodríguez. Aseguró que la permanencia de esta persona, la escolta de Hernández Flores, se debe a que es muy eficiente para realizar su trabajo.

Presentados ayer en el DF

Soltaron dos veces a sicario acusado del caso Consulado

La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) presentó en la Ciudad de México ante los medios de comunicación a Jesús Ernesto Chávez Castillo, alias “El Camello”, como presunto autor intelectual del homicidio de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como de la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar. Datos oficiales indican que Chávez Castillo ya había sido detenido en dos ocasiones y puesto en libertad, la primera vez por robo calificado en grado de tentativa, para lo cual recibió el beneficio de la libertad condicional, y la segunda por delitos contra la salud, de la que obtuvo sentencia absolutoria. En la segunda detención, ninguna autoridad revisó el cumplimiento de la primera condena de tres años emitida en 2006, a pesar del evidente incumplimiento. Además, estuvo cinco años en una prisión de Louisiana, Estados Unidos, por distribución de narcóticos. El hombre, identificado también como líder de “Los Aztecas”, grupo al servicio de “La Línea”, aseguró en sus declaraciones que el asesinato de la funcionaria norteamericana Lesley A. Enríquez, se debió a que ésta “facilitaba visas a integrantes del grupo contrario”. A unos días del triple homicidio del 13 de marzo, en donde también perdieron la vida el esposo de Enríquez, Arthur H. Redelfs, ambos ciudadanos estadounidenses, y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, cónyuge de otra funcionaria mexicana que labora en esa representación diplomática, el Gobierno de Chihuahua había ligado el asesinato con el grupo de “Los Aztecas”. En un comunicado, el Gobierno del Estado sostuvo que a partir de “información intercambiada con las agencias federales estadounidenses, que apoyan de esta manera la indagatoria, se pudo establecer en una hipótesis de investigación provisional que los agresores pertenecen al grupo o pandilla denominada Los Aztecas, que son parte del grupo criminal conocido como La Línea, que a su vez es un brazo operativo del cártel de Juárez”. En tanto, el día de ayer en la Ciudad de México, la SSPF informó que “El Camello” se encargaba de cometer secuestros, extorsiones y distribuir droga en Ciudad Juárez. “Reportes de inteligencia señalan que Jesús Ernesto Chávez Castillo fue quien presuntamente ordenó el homicidio de personas relacionadas con el Consulado de Estados Unidos, registrado el pasado 13 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua”, afirmó la dependencia federal durante la presentación del acusado. “El Camello”, se explicó, fue el encargado de la logística y de proveer las armas a un grupo de homicidas. Chávez Castillo manifiesta que la indicación de atentar contra la funcionaria del Consulado estadounidense fue por parte de integrantes de “La Línea”, quienes se encuentran en Estados Unidos, debido a que esta funcionaria facilitaba visas a integrantes del grupo contrario. “Cuenta que el día del ataque ubicaron que ella viajaba en una camioneta blanca, sin embargo, ese día detectaron a dos unidades del mismo color por lo que al no tener la certeza de saber en cuál viajaba ella, abrieron fuego contra ambas”, reveló la dependencia federal a partir de las declaraciones obtenidas por elementos de la Secretaría. Jesús Ernesto Chávez Castillo, se informó, refiere que la mayor parte de los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas” son reclutados en cárceles de Estados Unidos por internos pertenecientes a “La Línea”, y una vez deportados se integran al grupo para delinquir como parte de dicha organización. Aunado a ello, de acuerdo con las investigaciones, “El Camello” se dedicaba a planear y ejecutar los asesinatos contra los integrantes del grupo antagónico con el que disputa la plaza de Ciudad Juárez, principalmente la banda denominada “Artistas Asesinos” o “Doble AA” y “Los Mexicles”, pertenecientes a la organización denominada “Gente Nueva”, considerada el brazo armado del Cártel de Sinaloa, ocasionando la ola de violencia que se vive en esta ciudad. Tras su detención, Chávez Castillo manifestó haber participado en el homicidio de 13 jóvenes que celebraban una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, suponiendo que se trataba de una reunión de integrantes de los “Artistas Asesinos”. En respuesta a este ataque, los “Doble AA”, apoyados por los “Mexicles” atacaron el centro de rehabilitación “Fe y Vida”, en donde 19 personas fueron privadas de la vida, de las cuales 17 eran presuntos integrantes de “La Línea”. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el aseguramiento de Chávez Castillo se llevó a cabo la noche del jueves primero de julio de 2010, en el fraccionamiento Tres Torres en Ciudad Juárez. La dependencia federal aseguró que tras realizar una consulta en la base de datos del Centro de Inteligencia de la Policía Federal se pudo confirmar que “El Camello” estuvo 5 años en una prisión de Louisiana, Estados Unidos, por los delitos de distribución de narcóticos. El 23 de abril de 2006 fue arrestado acusado del delito de robo calificado en grado de tentativa y quedó a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal bajo la averiguación 163/2006. En ese proceso se le sentenció a tres años de prisión, pero el 27 de octubre del mismo año se le concedió el beneficio de la libertad condicional. Cuando aún no terminaba de compurgar ese proceso penal, el primero de abril de 2008 fue detenido por elementos del Ejército Mexicano. El 3 de abril fue puesto a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito, bajo la causa número 3908, en esta ocasión acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión agravada de mariguana. El 15 de noviembre de 2008, el Juzgado Cuarto de Distrito encontró a “El Camello” inocente, por lo que emitió una sentencia absolutoria. En la segunda detención, ninguna autoridad revisó el cumplimiento de la condena emitida en 2006 a pesar del evidente incumplimiento. Tras obtener su libertad, de acuerdo con la SSPF, escaló dentro de la organización criminal. La dependencia federal informó que trabajos de inteligencia confirman que Chávez Castillo, líder de “Los Aztecas”, recibía órdenes directas de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Dientón”, segundo en la estructura de “La Línea”, bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, alias “El JL”, segundo en la estructura de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel que lleva sus apellidos. Además se tiene conocimiento de que Chávez Castillo es responsable de la logística y administración de los recursos materiales y humanos, para coordinar y operar diversas actividades relacionadas con la delincuencia organizada y narcotráfico, principalmente privación ilegal de la libertad, robo de automóviles, extorsión, retenes y tráfico de droga en Ciudad Juárez. Junto con Chávez Castillo fueron detenidos Francisco Puga de la Torre, alias “Paco”, de 30 años y originario de Torreón, Coahuila, a quien se le acusa de ser responsable de varios secuestros y homicidios a favor de “La Línea”, así como de supervisar los puntos de venta de droga al menudeo y brindaba protección  a “El Camello”. También se tiene conocimiento de que participó en el atentado contra personal relacionado con el Consulado norteamericano. Además, Antonio Chávez Ortega, “El  Sogo”, presunto responsable de por lo menos tres homicidios de integrantes de los “Artistas Asesinos” y “Mexicles”. Santiago Durán Salas, “El Chago”, identificado como jefe de un grupo de sicarios y responsable de varios homicidios, extorsiones y plagios. Adrián Villanueva, “Joel”, quien recibía órdenes directamente de “El Camello” para resguardar casas de seguridad de la organización. Darío Sáenz, “El Ceros”, realizaba funciones de halcón para alertar a Chávez Castillo de la presencia de grupos antagónicos, así como de agentes policiacos. Y Ricardo de la Torre Barrios, alias “El Güero”, presunto homicida a las órdenes de “El Camello”. Al momento de su detención se les aseguraron seis armas largas; una subametralladora tipo Uzi, con un cargador metálico; 206 cartuchos útiles de diversos calibres; seis cargadores para arma larga; 28 equipos de comunicación telefónica y de radio; tres chalecos balísticos; un envoltorio de heroína y una dosis de mariguana. “El Camello” y los otros seis hombres fueron trasladados a la Ciudad de México a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde fueron presentados ayer a los representantes de los medios de comunicación nacional.